La decisión del alto Tribunal del Estado Federal alemán de Schleswig- Holstein de no extraditar al “fuera de la ley” Puigdemont por delito de rebelión, aunque sí por malversación de caudales públicos, muestra cómo la tan alabada Unión Europea dista mucho de ser la panacea que se quiere vender.
La existencia de diferentes espacios jurídicos en la Unión Europea hace que los delincuentes, que los prófugos de la Justicia, sepan muy bien dónde deben dirigir sus pasos, dónde ir.
Bélgica primero, Finlandia después, Dinamarca, Alemania, la región de Escocia, se han mostrado como territorios donde el criterio de sus jueces dista mucho del criterio de los jueces españoles. El juez Llarena ha visto cómo su criterio legal, constantemente, ha sido puesto en duda por el resto de jueces europeos.
Por lo visto, ser los responsables de incitar a la desobediencia civil y a la violencia -habría que preguntar a la policía que tuvo que intentar frenar el 1-O si había o no violencia- aunque sea en grado de tentativa y con grave peligro para la integridad física, no es suficiente para los jueces europeos.
España debería plantearse si el marco europeo de justicia es sensible a los problemas separatistas que tiene en estos momentos y si, por ello, debe sujetarse a lo que establezca la Unión Europea. La impunidad no debe existir para quienes socavan la convivencia y rompen la unidad, el estatus y la historia de un país.
