Enrique Maya, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. J.S. Navarrainformacion.es
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El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha resuelto estimar un recurso presentado por el Grupo Municipal de UPN y confirmar que Asirón se saltó la ley al ceder el edificio Antzara a entidades afines al cuatripartito para su utilización como gaztetxe en Mendillorri
El TAN califica la decisión del gobierno municipal como “contraria al ordenamiento jurídico”.
En su argumentación, el Tribunal explica que, tal y como había denunciado UPN, “no existe convenio de colaboración ajustado a la Ordenanza de uso y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales” y que “tampoco se aporta ningún otro acto administrativo de uso del centro”.
Además, afirma que el Ayuntamiento “únicamente aporta lo que se titula ‘Centro comunitario Antzara, Reglamento de uso’, pero que no identifica a las partes de un supuesto convenio”, y vuelve a señalar que “no se acredita la existencia de un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y los organismos socio-vecinales a los que se refiere la Ordenanza, con los mínimos requisitos formales exigibles, el contenido de ese Reglamento no se ajusta a la Ordenanza”.
La resolución continúa remarcando que “se deduce de todo ello que, efectivamente el inicio del uso del centro en cuestión se ha realizado ignorando las disposiciones municipales aplicables y por una vía de hecho hemos de declarar no ajustada al ordenamiento jurídico”.
El TAN se ve en la obligación de recordar al cuatripartito que “es potestad municipal la modificación de sus ordenanzas, pero mientras no se aprueben las modificaciones han de seguir aplicándose” y concluye que “en la fecha de interposición del recurso el Ayuntamiento de Pamplona estaba realizando una actuación contraria a derecho”.
El portavoz de UPN, Enrique Maya, ha calificado la resolución como “demoledora y muy clarificadora sobre cómo actúan Asirón y el resto del cuatripartito” y ha recordado que “sigue pendiente otro recurso del Grupo Municipal sobre la cesión del Palacio Redín y Cruzat, que se llevó a cabo de una forma muy similar a la de Antzara”.
“Bildu llegó a la alcaldía, paralizó la construcción de un ascensor urbano demandado por los vecinos y en lugar de eso construyó un edificio de casi medio millón de euros para sus amigos; les entregó las llaves sin un papel de cesión, sin permitir que nadie más pudiera usarlo o presentar siquiera un proyecto social interesante para gestionarlo”, ha explicado.
Según Maya, los tribunales han vuelto a poner negro sobre blanco que “Asirón y sus socios gobiernan sólo para los suyos, para beneficiar con el dinero de todos a sus amigos y para cumplir su hoja de ruta nacionalista; no tienen otro proyecto para Pamplona”.
Tal y como ha explicado, UPN preguntó y protestó durante meses en plenos y comisiones del Consistorio Pamplonés sobre este asunto “sin lograr obtener siquiera una respuesta clara respecto a quién era el encargado de gestionar el edificio y siendo acusados incluso de incitar ataques de tinte fascistas”.
Según ha explicado Maya, “ante la opacidad mantenida por Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e IE y su defensa cerrada de esta cesión ilegal, nos vimos obligados a defender la igualdad de todos los pamploneses en los tribunales, de la misma forma que hemos tenido que hacer en otros casos esta legislatura”.
El regionalista ha subrayado que, igual que Antzara, “Rozalejo, Redin y Cruzat (Plazara), la nave de la Rochapea o, antes el Chalé de Caparroso, no son centros sociales, sino que se utilizan como gaztetxes, para fiestas de los privilegiados amigos del cuatripartito, exposiciones donde llaman nazis a los navarros que participan en las Javieradas o para acoger actos con el rapero Valtonyc, que anima a matar guardias civiles”.
“Al final, no son sino sucursales gratuitas desde donde transmitir la ideología de Bildu y de sus socios, lugares donde sólo cabe una ideología y, por tanto, unos ciudadanos: son centros de exclusión social”, ha remarcado.
Además, ha recordado los varapalos judiciales recibidos por Asirón en sólo tres años de legislatura y ha recalcado que todos han sido por “imponer su ideología y beneficiar a personas cercanas”.
En este sentido, ha enumerado las sentencias y resoluciones contra la censura de una exposición sobre víctimas del terrorismo en ciudadela, la imposición del euskera en escuelas infantiles, la colocación de la ikurriña y de la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento, la Plantilla Municipal de 2017, la presencia del retrato del rey y de las banderas oficiales en el Salón de Plenos, la contratación de Floren Luqui, ex alcalde de Barañáin, o contra los contratos a Nommad, por ejemplo.
“Sin embargo, en ningún caso nadie ha asumido ninguna responsabilidad”, ha subrayado.
Según Maya, “a lo largo de la legislatura, Asirón no ha dudado en saltarse la ley para lograr sus objetivos y eso es una muy mala noticia para Pamplona. ¿Con qué cara exige a los ciudadanos que la cumplan?”.
Por eso, ha reiterado que “UPN continuará haciendo una oposición firme y sensata, que impida que una persona por el hecho de ser alcalde se crea por encima de los derechos del resto de ciudadanos y de las normas que garantizan la justicia y la igualdad entre todos los pamploneses”.
