La correcta reforma de la Ley electoral es una asignatura pendiente que tienen los políticos de España, el último compromiso para ello fue el de Rajoy y no lo huzo. Desde hace ya unas cuantas décadas, unos pocos, los nacionalistas, que no representa más allá del 0,3%-0,5 % de la población total española, tienen “en jaque” al resto del país.
Sus representantes suelen ser pieza clave en la gobernabilidad de este país. Partido Popular y Partido Socialista se han apoyado en ellos para acceder al gobierno. Sus apoyos han costado tanto, a lo largo de los años, que su fuerza se ha alimentado y ha crecido como consecuencia de estos apoyos.
No hubiera existido la corrupción del clan Pujol en Cataluña o no hubieran accedido al poder los “amigos-cachorros” de ETA en la Comunidad Autónoma Vasca o en Navarra, por ejemplo, si los sucesivos gobiernos que han pasado por este país no hubieran mirado para otro lado frente a los desmanes de un nacionalismo que sólo apoyaba a los gobiernos de turno, a cambio de dádivas y prebendas.
La necesaria reforma de la Ley Electoral no debe ser llevada a cabo para transformar a España en un Estado Federal, sino para evitar que el Nacionalismo excluyente vasco, catalán, gallego o cualquier otro que surja, como las setas, llegue al Congreso de los Diputados. Unos pocos, y encima contrarios a España, no pueden hacer o deshacer gobiernos españoles. Ese es su triunfo. Y les dejan.