UPN ha criticado duramente el anteproyecto de Reforma de la Administración Local de Navarra propuesto por el Gobierno foral, que considera «un despropósito» y que augura que llevará a «un verdadero caos» a las entidades locales, cuyos vecinos y «su bolsillo» serán «los más perjudicados».
Así lo ha señalado en una declaración ante los periodistas la secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez, tras concluir la sesión del Foro de Política Municipal de UPN, donde sus representantes municipales y cargos locales han debatido el anteproyecto, que en breve tratará la asamblea de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
Ha explicado que con esta reforma los concejos y ayuntamientos de menos de 1.500 habitantes están «abocados en un corto espacio de tiempo a su desaparición, ya que pierden todo el poder administrativo y de control, quedándose sin competencias», y también las mancomunidades se extinguirán una vez creada la Comarca.
Rodeada de sus compañeros de partido, Ibáñez ha avanzado su «no» rotundo a la reforma propuesta, a la que «le falta concreción» y en la que «todos los asuntos esenciales se posponen a un momento posterior, con lo que a las administraciones locales se nos genera una situación de indefinición, indefensión y de incertidumbre que resultan inaceptables».
Entre las cuestiones «de gran trascendencia» que no se definen, ha citado la creación de las comarcas y subcomarcas, los traspasos de personal, las funciones, los bienes y servicios de los entes supramunicipales, la distribución competencial, el nuevo régimen de financiación de las entidades locales y la progresiva desaparición de subvenciones finalistas y su sustitución por módulos de financiación.
La zonificación de su gestión, la nueva regulación del régimen de los bienes de las entidades locales y en especial de los bienes comunales y la fijación definitiva del número de puestos de secretaría que serán necesarios, son otras de las cuestiones cuya explicación echa UPN en falta.
La dirigente regionalista ha explicado que la reforma tiene «tres pilares», la delimitación de competencias, la financiación y la planta municipal, y ha asegurado que en los dos primeros su planteamiento es «un brindis al sol», mientras que en el tercero plantea «una distribución artificial que no responde a ningún criterio objetivo», excepto el de «fines partidistas y electoralistas» que contenten a los partidos nacionalistas.
En cualquier caso, «lo que más preocupa» a UPN, es el «despropósito» de prever que «los más perjudicados serán los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades», que tendrán «peor atención, deberán realizar en muchos de los casos más desplazamientos y serán los paganos de la reforma, porque los costes añadidos saldrán de sus bolsillos de una u otra forma».
«El principio de subsidiariedad por el que la Administración más cercana presta el servicio al vecino queda completamente destruido», ha lamentado, para incidir en el previsible aumento de la «presión fiscal» sobre los ciudadanos, con tasas de agua y basuras más altas y con la creación de «otras».
También ha augurado que la reforma abocará a realizar un ERE de extinción de contratos para «todos los trabajadores interinos», lo que afecta especialmente a secretarios e interventores de Ayuntamientos con «muchos años en la Administración» y que harían así perder a los municipios una experiencia valiosa.
Por otro lado, también ha sido muy crítica con el papel jugado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), con la que «discrepamos profundamente» al advertir que no ha defendido a las entidades locales sino que ha servido de «correa de transmisión» del Gobierno «apoyando todos sus deseos».
Al respecto, ha echado en falta un «informe jurídico elaborado por la propia FNMC» como a su juicio necesita «una reforma de esta envergadura» y que sin éxito han pedido «multitud de alcaldes», y también un necesario estudio de costes.
Por todo ello, ha reivindicado la legitimidad de los casi 300 alcaldes y concejales de UPN apoyados en más de 80.000 votos de las últimas elecciones municipales para exigir la «paralización» del anteproyecto «hasta que se definan con claridad las muchas dudas que suscita el texto propuesto y se alcance el consenso que ni se ha buscado ni se ha alcanzado». EFE
