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Los tres miembros de La Manada presos en Pamplona finalmente acudirán a la vista del lunes

Los tres miembros de La Manada que se encuentran presos en la cárcel de Pamplona asistirán el próximo lunes a la vista en la que se decidirá sobre la prórroga de su prisión provisional o su puesta en libertad, mientras que los dos encarcelados en Madrid seguirán la sesión por videoconferencia.

Aunque inicialmente se había apuntado que ninguno de ellos iba a acudir, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra han indicado a Efe que los tres que se encuentran en la cárcel de Pamplona serán trasladados al Palacio de Justicia para asistir a la vista.

Los dos encarcelados en Madrid seguirán la sesión por videoconferencia

El próximo 7 de julio vence el plazo máximo de dos años para la prisión provisional, por lo que debe celebrarse una vista para decidir si se prorroga el encarcelamiento o, por el contrario, se atienden las peticiones de los abogados de los jóvenes condenados para su puesta en libertad.

La prisión provisional, en todo caso, puede prolongarse como máximo hasta la mitad de la condena impuesta -9 años de cárcel para los miembros de La Manada-, por lo que se podría prorrogar por otros dos años y medio.

La decisión de si se prorroga la prisión provisional se conocerá antes del 7 de julio

En la vista del lunes, presidida por los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que emitieron la sentencia, estarán presentes asimismo la fiscal y los abogados de todas las partes. Para tomar su decisión, que deberá conocerse antes del 7 de julio, los magistrados tendrán en cuenta el riesgo de fuga de los condenados, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. Si se concediera la puesta en libertad, la misma se haría efectiva de manera casi inmediata, el mismo día de la publicación del auto o al día siguiente.

Los abogados de los cinco condenados por abusar sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016 han solicitado su puesta en libertad, mientras que el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han presentado alegaciones en contra.

Para tomar la decisión, los magistrados deberán tener en cuenta aspectos como el riesgo de fuga o la reiteración delictiva

 

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