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EDITORIAL: La neutralidad debida

El objetivo de los gobernantes, según los manuales políticos, es intentar mejorar la vida de “todos” sus ciudadanos.

Cada vez que un miembro del gobierno nacionalista de Navarra expone su opinión sobre el tema del intento de linchamiento de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, la última ha sido la presidenta Barcos, desacredita la afirmación anterior.

Recién nombrada en su cargo de presidenta, afirmaba que “iba a gobernar para todos los navarros”. Desde que fueron investigados algunos -que no todos- de los participantes, ella y su gobierno, han olvidado a las víctimas y han apostado por los culpables hasta el punto de manifestarse en la calle.

Olvida el Gobierno navarro que una de las víctimas ha tenido que abandonar el municipio por la presión del entorno de los agresores; olvida la señora Barcos que sigue habiendo pueblos en esta tierra en los que no hay libertad de expresión, que nadie que quiera defender a la Guardia Civil o al país que representa, España, puede expresar libremente dichas ideas, por temor a ser agredido, perseguido o amedrentado.

La señora Barcos aboga por el derecho a disentir de las decisiones que toman los jueces; olvida, sin embargo, que los gobiernos deben mantener la neutralidad debida, porqué sino, con ello, presionan a uno de los pilares básicos de un estado democrático, su poder judicial y, ello, no resulta muy democrático.

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