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La asociación de consumidores Irache advierte sobre la «obsolescencia programada que se está implantando en la fabricación y comercialización de móviles y otros aparatos electrónicos».
Se grata de una reducción del tiempo de uso de los aparatos que «parece que se debe más a decisiones corporativas deliberadas para aumentar el ritmo de compra y consumo que a imposibilidades técnicas, sobre todo por parte de empresas con recursos económicos suficientes», precia Irache en un comunicado.
Y añade que esto hace que muchos consumidores se vean casi obligados a comprar un aparato nuevo ante la imposibilidad de reparar, actualizar o comprar accesorios para productos adquiridos hace solo un par de años.
Una situación que no solo ocurre con cargadores, soportes para tabletas o protectores de pantalla, sino que sucede asimismo con sistemas operativos que son reemplazados por nuevos que ofrecen más y mejores servicios pero que también ocupan más espacio.
Tras precisar que incluso en ocasiones es necesario instalar estos sistemas para poder acceder a las aplicaciones o programas más habituales, Irache indica que en aparatos con un espacio menor al de los últimos modelos no hay cabida para estos sistemas operativos y por lo tanto en la mayor parte de los casos se hace necesario comprar un modelo nuevo.
Otros problemas detectados afectan a las reparaciones de móviles, tabletas u otros aparatos, ya que el elevado coste para arreglar una pieza que ya no se vende induce a comprar una nuevo, y al desgaste de las baterías en apenas unos meses.
A juicio de Irache se debería «combatir esta obsolescencia programada con firmeza» porque, «además de suponer un fraude para el consumidor, también tiene un importante coste medioambiental», y al respecto subraya que, «al ritmo actual de consumo, algunas voces dicen que en 2030 la humanidad consumirá el doble de recursos naturales que los que el planeta puede producir».
Por eso propone para acabar con la obsolescencia programada que se adopten una serie de medidas, la primera el control de los procesos de elaboración y comercialización.
Sugiere igualmente que sea obligatorio informar en el etiquetado del tiempo de duración del producto, sus posibilidades de reparación y las excepciones;, que se amplíe el plazo de garantía hasta la vida útil del producto salvo que la empresa demuestre que ha habido un mal uso; y que se controle también que los servicios técnicos oficiales cobran el coste real de la reparación y no obstaculizan el trabajo de talleres independientes. EFE
