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Sindicatos exigen un salario mínimo de 1.200 € en la Administración general

Representantes sindicales de CCOO, UGT y CSIF, junto a empleados públicos de la Administración General del Estado, se han concentrado hoy ante el edificio del Ministerio de Economía y Hacienda en Pamplona para reclamar “mejoras retributivas, más empleo público y recuperación de sus derechos”.

Los sindicatos denuncian que la Administración General ha sido castigada de “manera especial” durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados por la crisis.

Esto ha provocado un “grave deterioro” de los servicios públicos que “es necesario atajar, porque son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, han señalado en un comunicado, en el que han añadido que “el personal público es quien garantiza los derechos, la igualdad y la cohesión social”.

Por eso, los sindicatos reclaman un “salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario”.

Para paliar la pérdida de poder adquisitivo acumuladas en los últimos diez años, que “supera el 14 %”, proponen un incremento salarial lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros más para el establecimiento de la carrera profesional para todo el personal de la Administración del Estado.

Además, CCOO, UGT y CSIF reclaman el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto.

Se trata de lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento del 100 % de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario.

Los sindicatos también reclaman el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito.

Los sindicatos exigen también el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, que lleva “más de dos años sin avances significativos”, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones, “el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones”. EFE

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