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El Gobierno catalán acude al TC para denunciar el 155 y defender leyes suspendidas

La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha anunciado hoy que el Gobierno catalán se personará ante el Tribunal Constitucional (TC) en los recursos presentados por el Parlamento de Cataluña y por Podemos contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución y presentará alegaciones por leyes catalanas que están suspendidas.

Tras finalizar la segunda reunión del gobierno después de la toma de posesión de los consejeros del pasado sábado, Artadi ha comparecido en la sala de prensa del Palacio de la Generalidad.

Ha sido la primera rueda de prensa del ejecutivo catalán desde que, el pasado 24 octubre, su antecesor, Jordi Turull, ahora en prisión preventiva, protagonizara la última comparecencia ante los medios, antes de que el Gobierno de Carles Puigdemont fuera cesado en aplicación del 155 tras la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán.

Artadi ha destacado que el ejecutivo catalán “recupera su capacidad de personarse y presentar alegaciones” en los procedimientos contra 14 litigios competenciales con el Gobierno del Estado.

Dos de esos litigios son los recursos contra el 155 a los que se suma el Gobierno de la Generalidad: el presentado por el Parlamento y el del grupo de Unidos Podemos en el Congreso.

Los otros doce son leyes en litigio que el Gobierno de la Generalidad analizará “caso por caso”, ha explicado Artadi, que ha especificado que para las normativas ya con sentencia valorarán si las reformulan para llevarlas de nuevo al Parlamento de Cataluña, mientras que para las otras se optará por retomar su defensa judicial ante el TC o su mediación previa con el Gobierno central si aún están a tiempo.

Entre las doce leyes, no está la de transitoriedad jurídica, que el Gobierno catalán al menos de momento no pretende recuperar porque prioriza las normativas “sociales”, ha detallado la portavoz del ejecutivo catalán.

Sí que figura en el listado la modificación de la ley de presidencia, con la que los soberanistas pretendían habilitar una investidura a distancia de Carles Puigdemont que no llegó a materializarse.

Las otras leyes son relativas a pisos vacíos, universalización de la asistencia sanitaria, la agencia catalana de protección social, comercio, transporte de viajeros, ciberseguridad, cambio climático, impuestos de la ley de acompañamiento para 2017, código civil y regulación del cannabis. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE

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