Unai Hualde (G.P. Geroa Bai)
NAVARRAINFORMACIÓN.ES
El portavoz de Desarrollo Rural de Geroa Bai, Unai Hualde, ha analizado junto a los ediles de Geroa Bai en Estella-Lizarra, Pablo Ezkurra y Ricardo Gómez de Segura, las consecuencias del caso Oncineda tras el estudio del Dictamen del Consejo de Navarra que deja sin efecto los convenios y anexos del proyecto de Oncineda. En una rueda de prensa celebrada en el Consistorio de Estella- Lizarra, Hualde ha aseverado que “ante las vacías, inconsistentes e infundadas excusas de UPN y PSN en torno al caso Oncineda, el actual equipo de gobierno municipal, se ha limitado a reproducir lo recogido en el informe de la Cámara de Comptos y en el Dictamen del Consejo de Navarra sobre este caso”.
“Unas conclusiones claras y contundentes que sencillamente evidencian que los procedimientos que llevaron a cabo las exalcaldesas, no se ajustaron a la legalidad, y que fruto de dicho desajuste, finalmente ha llegado la nulidad que afortunadamente libera a la ciudad de las graves consecuencias financieras que, como se ha denunciado en reiteradas ocasiones, podrían haber llevado a la práctica intervención de las cuentas municipales”.
El parlamentario ha incidido además, en que del análisis del Consejo de Navarra, se evidencia que “en los convenios y anexos suscritos no se ha salvaguardado el principio de equidad, ni el interés general, y tampoco se ha observado el principio de buena administración”. Además, ha destacado que “se ha incurrido en un flagrante incumplimiento del procedimiento establecido en materia de expropiación”, ya que como apuntaba la Cámara de Comptos, “no constan informes técnicos, jurídicos y de intervención que sustenten los convenios y anexos firmados por las exalcaldesas, ni tampoco consta acuerdo alguno de aprobación por parte de la Junta Gobierno Local o del Pleno municipal”.
Por todo ello, Hualde ha concluido que “cabe pedir responsabilidades a las exalcaldesas y a sus partidos y, en el caso de Begoña Ganuza, actualmente edil y parlamentaria de UPN, lo anteriormente relatado constituyen un claro motivo de dimisión”.
Pablo Ezkurra: “una vez descubierto el desaguisado, lo único que cabía hacer es lo que se ha hecho”
Por su parte, el edil de Hacienda de Geroa Bai, Pablo Ezkurra, ha expicado que ha defendido las actuaciones del actual equipo municipal que “se encontró con el desaguisado, no a través de las anotaciones o avisos del anterior equipo de gobierno, sino a través de una sentencia, cuando ya había transcurrido el largo plazo de 8 años en el que se podían haber tomado decisiones que hubieran podido mitigar o neutralizar las consecuencias de lo ocurrido”.
Ezkurra ha argumentado que “la cuenta es sencilla, en los anexos de los convenios, se establece un plazo máximo de entrega de las fincas futuras de 8 años a contar desde la firma del convenio de referencia, y puesto que el último convenio se firmó el 14 de mayo de 2007, con una sencilla suma de ocho años a partir de esa fecha de referencia, el límite para entregarlas se fija el 14 de mayo de 2015. Por tanto, es evidente que el plazo venció antes de las elecciones, y de que tomara posesión el actual equipo de gobierno”.
Por tanto, “lo único que cabía hacer es lo que se ha hecho, anular los convenios vencidos, algo que finalmente se ha logrado tras el Dictamen Consejo de Navarra, y por otro lado, con las dos constructoras que habían demandado posteriormente al vencimiento del plazo, intentar minimizar los daños recurriendo la sentencia del jurado de expropiación”. Además, se está haciendo la reparcelación de Ibarra, para poder entregar las fincas a los propietarios, algo que tendría que haber hecho UPN durante los 8 años en los que estuvo gobernando”.
El concejal ha insistido en que “durante todo este tiempo, Geroa Bai ha actuado con responsabilidad y, a modo de ejemplo, en febrero de 2018, anunciábamos que la mitad del remanente de tesorería de la localidad, de 5,85 millones de euros se iba a reservar para hacer frente a las posibles consecuencias del caso”.
Por su parte, el concejal de Geroa Bai, Ricardo Gómez de Segura, ha asegurado que todos los grupos en la legislatura 2003-2007 trabajaron “con ilusión” en el proyecto para dotar de un buen recurso deportivo a Lizarra, no obstante, ha mostrado su “absoluta discrepancia con la forma en cómo firma los anexos Fernández (PSN), ya como alcaldesa en funciones y fuera de control de órganos competentes”.
“Aunque más grave es lo que sucedió con el cambio de legislatura y la entrada de UPN al Gobierno de la ciudad”, ha señalado Gómez de Segura. “Es con la sentencia con lo que nos enteramos de todo el proceso de inacción de UPNA la sentencia le sigue el tribunal de justiprecio en el que se observa como se da por buena una tasación externa proporcionada por el vendedor, que sube de 43€ el metro cuadrado a 108€ el metro cuadrado”, ha sentenciado Gómez de Segura.
