Cuando un presidente de una región autónoma, con premeditación y alevosía, nombra como sus consejeros a personas que se hayan huidas de la justicia o están encarceladas y él mismo, no ha tomado posesión de su cargo jurando fidelidad a su Jefe del estado, ni ha prometido mantener el orden establecido, ni la Constitución, no debería durar ni un minuto en su cargo.
La pretendida petición de diálogo que el presidente del Gobierno catalán ha solicitado al presidente Rajoy, parece ser infundada a tenor de sus actuaciones posteriores.
No debería reconocerse el nombramiento del presidente de Cataluña ante los hechos acontecidos y sí que debería mantenerse la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero real, implacable y con eficacia. El pretendido Gobierno de Cataluña no parece tener la intención de aceptar el orden establecido.
El uso de todos los medios al alcance del Gobierno central para poner fin a la pretendida rebelión catalana no debería hacer temblar el pulso a nadie. La no adopción, en su momento, de medidas coercitivas ha triado estos lodos.
En situaciones como éstas hacen falta gobiernos fuertes, creíbles y de confianza.