La consejera de Educación y portavoz del Ejecutivo Foral, María Solana,EFE/ Jesús Diges
La consejera de Educación y portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha negado hoy que exista un solo caso que avale la «imposición» del euskera que denuncian los convocantes de la manifestación anunciada para el próximo mes de junio.
Solana ha insistido como en otras ocasiones en la legitimidad y el derecho de la ciudadanía a manifestase pero también ha subrayado que en este caso el Gobierno no entiende los «escasos» argumentos que se dan y, «por lo poco que ha trascendido, no los comparte»,
Por eso ha pedido «datos y pruebas» que justifiquen las críticas y esa manifestación «en contra del euskera» ya que, para el Gobierno, ha hay «ni un solo caso» que confirme las acusaciones.
Ha reclamado por ello «un solo ejemplo, un solo caso, en el que a alguien en esta comunidad se la haya impedido por no ser euskaldun desarrollar su derecho civil, el que sea, y desarrollar su vida con normalidad».
«Ni un solo caso de que se vulneren los derechos de la ciudadanía y ni un solo dato de que haya imposición del euskera en esta comunidad», ha asegurado Solana, que sin embargo ha subrayado que «sí hay por el contrario muchos casos de recortes de derechos lingüísticos a otra parte de la ciudadanía».
En este sentido, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha afirmado que la realidad es la contraria a la que dibujan los convocantes de la manifestación ya en Navarra, ha precisado, «castellanohablantes somos todos pero hay más de 80.000 navarros y navarras que son euskaldunes» y «solo un 01,% de los funcionarios serían los encargados de atenderles».
Por tanto, ha aseverado, la política lingüística de este Gobierno se basa en el derecho de la ciudadanía, «una ciudadanía castellanohablante pero también euskaldun» y es esta última la que «ve mermados sus derechos».
De ahí que el Ejecutivo foral haya «puesto el foco» en dar respuesta a esta situación, lo que «no impide el derecho de cualquier persona a acceder a la función publica en igualdad de condiciones», ya que lo contrario «sería inconstitucional», ha recordado.
A este desacuerdo con el motivo de la convocatoria, María Solana ha sumado un segundo aspecto de discrepancia, en este caso relativo a la petición de UPN y PP de que sean los ayuntamientos los que sufraguen el gasto de los autobuses para asistir a la manifestación en Pamplona.
«No sé si es ilegal pero muy moral no parece», ha comentado la portavoz del Gobierno, a lo que el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, ha añadido que los ayuntamientos deben tener en cuenta que se trataría de «un gasto público» para el que «tendrá que haber partida presupuestaria, y motivación y justificación suficiente». EFE
