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La protesta de algunos colectivos militares

Este sábado ha sido noticia la concentración en Madrid de numerosos militares quienes, secundando la convocatoria de cuatro asociaciones, frente a la sede del Ministerio de Defensa, han expresado su descontento y protesta por los despidos de soldados y marineros. En el acto, los participantes han reclamado «una carrera y retribución justas», al tiempo que denunciaban la aplicación de la Ley 8/2006 de 24 de abril, de Tropa y Marinería,  que permite que la expulsión de las Fuerzas Armadas cuando los militares de base cumplen 45 años.

Esta protesta, aunque pueda incurrir presuntamente en alguna posible ilicitud, no deja de reivindicar algo justo, como es la utilidad que muchos de estos profesionales seguirían teniendo sitio y utilidad para nuestras Fuerzas Armadas hasta una edad más avanzada (la edad máxima de jubilación en el ejército es de 65 años) lo que otorgaría a los afectados por dicha ley otros veinte años de vida laboral en una función para la que están bien cualificados.

Frente a esto, que parece tan lógico, estos profesionales, a los 45 años pasan a considerarse «reservistas de especial disponibilidad» (RED) y reciben una asignación no contributiva de 7.400 euros anuales hasta la edad de 65 años; al tiempo que se integran en un mercado laboral civil que, si ya es arduo por sí mismo, en este caso particular, es más complejo porque no dispone de empleos para gente con la formación, por ejemplo, de Experto en mando y control.

Siendo la mencionada una ley aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, resulta curioso observar que la concentración ha contado con el respaldo de representantes Ciudadanos, PSOE y Podemos, formaciones de la oposición, que hoy acechan como aves carroñeras cualquier oportunidad de arañar unos votos al lamentable Partido Popular y su desnortada gestión del gobierno y la administración.

Lo único que justificaría esta protesta, puesto que todo esto ya está establecido por la Ley 8/2006 y los interesados deben conocerlo, es que dicha norma estipulaba que al abandonar las Fuerzas Armadas, Defensa y la cúpula militar debían encargarse de que recibieran facilidades para reintegrarse en el mercado laboral civil, lo que no se produce y estos militares pasan a temprana edad a la Reserva, sin la preparación para el mundo civil que el Estado les prometió.

Un chascarrillo dice “bienaventurados los que creen en los pasos de peatones porque pronto verán a Dios” ¿Cuántos chascarrillos, me pregunto, no podrían hacerse sobre quienes, a estas alturas aún creen en las promesas de los políticos?

Cierto que ni las retribuciones, sea en activo o en la reserva, de nuestros militares, sea cual sea su cualificación, formación y su empleo en la escala de mandos, nunca ha sido la que merecen unos profesionales con su compromiso con nuestra Patria, por la que, muy al contrario que otros funcionarios y empleados de los poderes del Estado, han jurado dar hasta la última gota de sangre. Esto es de siempre. Ya en la Novela Raza (1941) de Jaime de Andrade (seudónimo de Francisco Franco Bahamonde) leemos: “Es cierto que el dinero, en ocasiones, alivia algún clase de penas; más la felicidad reside en otras cosas. Los militares no suelen disponer de posición, pero tienen otras satisfacciones íntimas: las que produce el cumplimiento del deber y el Servicio de la Patria”. Prueba de ello es que, la última nómina de Franco, quien durante treinta y nueve años ostentó la máxima jerarquía militar y fue galardonado con las máximas condecoraciones no era la que hoy se nos quiere hacer en algunos mentideros.

Hoy, a la luz de las noticias que sufrimos cotidianamente en cada medio de información, cabe preguntarse si la institución militar cumple realmente con su deber. Deber que se establece en el Artículo 8.1 de nuestra Constitución, donde leemos: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Si repasamos someramente la actual situación de España y lo establecido por la vigente constitución, se puede ver con espanto que en ella se consagra (Artículo 14) que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, pero la justicia está guarda estrecha relación con la cualificación de los abogados y ésta con sus honorarios, por lo que la justicia –véase la doctrina Botín- no es igual para un pobre que para un rico; (Artículo 15) “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes” que parece no incluir entre los españoles a las víctimas del terrorismo –recientemente ETA se ha negado a pedir perdón por numerosas víctimas y los obispos han reconocido su complicidad conla banda terrorista y sus simpatizantes, muchos de los cuales hoy ocupan destacados puestos en nuestras Instituciones- o del aborto; (Artículo 16) que “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”, pero existe una Ley de Memoria Histórica y todo un proceso de represión a la Iglesia; (Artículo 19) “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”, pero son miles los vascos que tienen que abandonar su tierra porque el Estado no quiere protegerle de las mafias con que pacta en, por ejemplo, Argelia o el Faisán; (Artículo 20) “Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, como a los generales Mena (por el PSOE) o Pontijas Deus (por el PP); (Artículo 31) “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, pero existen las amnistías fiscales, se reconocen las SICAV… con lo que se permite los grandes fraudes;  (artículo 35) “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”, pero ahí está la brecha salarial de las mujeres, el gran número de desempleados –entre los que se encuentran o se van a encontrar los concentrados este sábado y muchos de sus compañeros-, los salarios y pensiones miserables, el altísimo porcentaje de empleos precarios…

Todo lo anterior, sin olvidar, aunque no se citen textualmente otros artículos como el 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud;  el 44 que obliga a los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a la cultura; el 47, que habla del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; el 50, que obliga a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad., y con independencia de las obligaciones familiares, promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio…

Ante esto, cabría invitar a todos los militares, pero más particularmente a los que este sábado se concentraban en Madrid, a reflexionar sobre la eficacia de su compromiso con la defensa efectiva y no teórica de nuestro ordenamiento constitucional. Porque esto por lo que los concentrados protestaban, no sería más que una punta del Iceber del desorden que impera en España, del que ellos no son totalmente inocentes.

Llegados aquí, convendría que se reflexionara sobre estas palabras de un gran gobernante y magnífico soldado y estratega, Federico el Grande (Rey de Prusia, 1740 – 1786): “Es un hecho característico de este mundo el que, sin preocuparse absolutamente nada de la fortuna o de la desgracia, sino solamente del cumplimiento estricto e inflexible del deber, la fortuna se presenta espontáneamente, aun en medio de una vida trabajosa y llena de privaciones […] Ninguna consideración debe de ser nunca tan poderosa que aparte a un hombre honrado de su deber”.

Pedro Sáez Martínez de Ubago,  investigador, historiador y articulista

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