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El sindicato LAB critica la creación de una Fundación para la gestión de servicios sociales a terceros por parte del Gobierno de Navarra y su Departamento de rango, al considerar que «no hay ninguna justificación para la creación de esa fundación, como no sea el apostar por un modelo que devalúa los servicios públicos y por mantener las privatizaciones, eso sí, camufladas»
Exige al Gobierno de Navarra que «dé marcha atrás a esta propuesta y acometa una verdadera reversión a lo público de este y de otros servicios privatizados».
LAB considera que gestionar «los servicios sociales desde una fundación, no es una reversión a lo público». «Una auténtica reversión supondría que se gestionara desde el propio Departamento, con personal sujeto al Estatuto de la función pública y que se incardinara en el organigrama y plantilla orgánica del Gobierno de Navarra. Lo demás nos suena a chiringuito. El auténtico control de los servicios se realiza desde el Gobierno, sin intermediarios»ha denunciado.
El sindicato considera que «las fundaciones han sido habitualmente utilizadas por gobiernos e instituciones para crear un espacio de sombra, de ocultación o de fraude ajeno al control de lo público».
El sindicato nacionalista recuerda que «el Gobierno de Geroa Bai ha anunciado que va a crear una fundación, para gestionar y prestar servicios de incorporación socio laboral, atención a la infancia y adolescencia y a víctimas de violencia de género».
Los argumentos que da el Departamento para ello, son insuficientes, cuando no directamente ridículos. Por lo que «podrían disolver toda la Administración Foral y dejarla en manos de una Fundación. Justificar la creación de una fundación en base a la “complicada gestión” es ridículo. Mucho más complicada es la gestión de la Salud, la Educación, la Justicia, o cualquier otro servicio que se viene prestando directamente desde la Administración sin necesidad de crear ninguna fundación.
Además, «según las previsiones que maneja el Gobierno, el personal que trabajaría en la nueva fundación, no estaría sujeto a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras públicas, por lo que, tanto las retribuciones como las condiciones, serían peores».
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