Miguel Cornejo
Hay un pueblo en Navarra cuyo nombre en euskera significa “castillo” y que esconde una historia de la que sabemos poco, pero que pone los pelos de punta. Tras la Guerra Civil, un soldado carlista que volvía se encontró con que su familia (mujer embarazada y seis de sus siete hijos) había desaparecido. El consejo del pueblo no sólo se negaba a decir cómo o porqué sino que no le permitieron volver para investigar. El silencio se impuso, y la familia no apareció, ni en Gaztelu ni en ninguna parte. Hasta hace unos pocos años, cuando se les encontró, asesinados, en el fondo de una sima junto al pueblo. (Más datos ).
Todos los indicios confirman que el consejo del pueblo (el “batzarre”) sabía qué pasó, porqué pasó, y quién lo hizo, o incluso lo decidió. Todos los indicios confirman que se bloqueó la acción de la justicia durante años, por “decisión popular”. Porque alguien, algunos, tenían el suficiente apoyo como para asesinar a bebés, niños y mujeres y encubrir el crimen, o para encubrir a quien lo hiciera.
Es un ejemplo cercano, pero hay muchos más, de lo que pasa cuando la “justicia” queda en manos demasiado cercanas y demasiado interesadas. Hay una razón por la que, incluso donde hay aún tribunales populares o tribales, no se les permite tratar temas demasiado graves ni imponer penas demasiado serias. Es peligroso.
¿Más ejemplos? Abundan siempre que se rompe la convivencia, pero vayamos a uno notorio. Cuando en París empezaron a “juzgar” a los nobles primero por sus crímenes y luego simplemente por serlo, lo que habían sido tribunales se convirtieron en mataderos. Primero se mató a la gente por “ser” lo que no les gustaba a los revolucionarios. Luego se empezaron a matar los revolucionarios entre ellos, por no ser lo suficientemente radicales, o por serlo demasiado, o por lo que hiciera falta esa semana. Tribunales populares, con amplio apoyo de cualquier que se atreviera a salir a la calle, instauraron lo que se ha dado en llamar “el Terror”.
Una de las claves de la democracia moderna es que la voluntad de la mayoría está templada por una serie de derechos individuales. Otra es que está respalda por un sistema judicial independiente, donde no se puede condenar a nadie sin estar seguro de que es culpable, y en caso de duda se yerra a favor del acusado, porque se entiende que es peor condenar a alguien inocente que dejar ir a un culpable. Es algo que hemos aprendido en los últimos trescientos años, a golpes. Es importante.
Si los jueces están sometidos a la tiranía de la calle, ¿qué queda de los derechos de los ciudadanos que no son los más ruidosos, los más populares o los más organizados? Nunca se puede permitir que la voluntad de una turba, sea de feministas o de segregacionistas, determine lo que dice un juez, porque ese día se acaba el imperio de la ley y la posibilidad de una convivencia segura y pacífica.
La ley puede mejorarse. La ley puede interpretarse de distintos modos. Pero la ley debe estar por encima de todos. Nunca, jamás, debe estar en manos del que más grita, el que más gente reúne en la calle. Por ese camino está le ley de Lynch, está Gaztelu, están las sacas, está el desastre.
Hace mucho tiempo había una república que todos hemos mitificado. Pero los distintos bandos dejaron de respetar las leyes y se dedicaron a fomentar turbas que tomaron las calles en nombre del pueblo, matándose unos a otros. Hasta que surgió alguien que impuso el orden por la fuerza. Ese, abreviado, fue el final de la república romana.
No cabe mayor irresponsabilidad en un dirigente que apelar a los sentimientos populares por encima de la razón y la ley para azuzarlos contra sus rivales políticos. Y no hay sentimientos más fuertes que los que produce la sensación de injusticia contra el desamparado, cuando es uno de nosotros. Pero el papel de un dirigente, de un gobernante, de un poder judicial, es explicar porqué son así las cosas, aclarar las confusiones, no aumentarlas. Defender la presunción de inocencia, no arrasarla. Alimentar la confianza en un sistema de justicia que será imperfecto pero es incomparablemente mejor que un consejo tribal o un tribunal popular o el consejo de Gaztelu, y explicar porqué.
Otra cita, que usó Macron hace unos días pero no es suya. “La libertad nunca está a más de una generación de extinguirse”. Nos creemos muy seguros en nuestro mundo de Twitter y policías municipales, y golpeamos (algunos golpean) las columnas del edificio por conveniencia política, por capricho o porque creen que mola. Pero aún no hace tanto de Yugoslavia, donde europeos se enfrentaron con europeos, con sus vecinos de escalera, los echaron de sus casas o los mataron. Aún no hace tanto de ETA, y del acoso culpable de sus cómplices. Aún no hace tanto de que se atacara a unos guardias civiles por estar donde no les gustaba a unos intolerantes. Aún hoy tenemos a intolerantes que atacan sedes de partidos políticos porque no les gusta lo que representan.
La ley está para que todos seamos capaces de convivir y respetarnos aunque no estemos de acuerdo. La justicia (jueces, procesos, recursos, garantías) es lo que hace que esa ley sirva para algo. Atacar a la justicia, intentar ponerla al servicio del que más grita, desprestigiarla, va más allá del populismo. Va más allá de la irresponsabilidad.
Hay en España partidos populistas, que quieren derribar el orden actual, que entienden que la voluntad popular debe estar por encima de la garantía de los derechos individuales. Que Geroa Bai, Bildu o Podemos apoyen manifestaciones para presionar a los jueces es tóxico pero esperable de ellos. Si quieres derribar la casa, socavas los cimientos.
Que dos ministros del (conservador) Partido Popular hayan sembrado dudas sobre jueces y fallos judiciales en los últimos días no tiene excusa ni perdón.
Las declaraciones de Montoro afirmando que no hubo desvío de fondos de la Generalitat a las acciones de la declaración de independencia son peor que irresponsables (no tenía acceso a las pruebas judiciales de que sí lo hubo, pero sí vio el presupuesto de Romeva donde se indican los millones dedicados la causa). No sólo pone en solfa la credibilidad del juez en el exterior, y con ella la imagen de España, sino que también confirma los prejuicios de los separatistas.
Lo que ha hecho el corellano Catalá, ya reprobado una vez, soltando infundios sobre las capacidades de uno de los jueces en el caso de “La Manada” y sobre las actuaciones del Consejo General del Poder Judicial, no se paga sino con su dimisión, como están pidiendo ya casi todas las asociaciones de jueces y fiscales.
Lo han dicho muy bien los jueces navarros. “Las decisiones de jueces y magistrados están sometidas a la crítica pública pero no a las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones”.
Con ministros así, ¿para qué pagamos antisistemas?
Miguel Cornejo (@miguelcornejoSE) es economista y responsable de Asociaciones y Entidades en Ciudadanos Navarra.
