Efectivos de la Policía Nacional detienen a una persona durante los incidentes . EFE
Destrozos en un establecimiento de Pamplona tras los disturbios de marzo de 2017. EFE/JESÚS DIGES
La Audiencia Nacional juzgará por terrorismo los días 21 y 23 de mayo a cuatro presuntos autores de los incidentes violentos registrados en el casco antiguo de Pamplona el 11 de marzo de 2017, para quienes la Fiscalía pide una pena de 7 años de prisión.
En su escrito, el fiscal José Perals, el mismo que acusa por terrorismo a los presuntos agresores de dos guardias civiles en la localidad navarra de Alsasua, atribuye a Asier P.B., Rubén I.B., Endika E.M. y a Julen P.G. un delito de desórdenes públicos terroristas.
La sección segunda será la encargada de juzgar a los cuatro acusados, de entre 20 y 26 años. Los tres primeros fueron detenidos tras los hechos, que ocurrieron, según destaca el fiscal, en el marco de una manifestación no autorizada convocada por la «izquierda radical abertzale» autodenominada «Errepresioari Autodefentsa».
Dicha iniciativa, que se presentaba como una «Nueva iniciativa contra la represión», se publicitó en internet, donde se transmitió un comunicado «al pueblo trabajador vasco» con la «decisión de empezar a desarrollar mecanismos antirrepresivos eficientes», explica el fiscal.
Perals indica que en la marcha los participantes gritaron consignas como «Borroka da bide bakarra» (La lucha es el único camino) «Gora ETA» y «Euskal presoak» (Presos vascos).
Relata que en el transcurso de la manifestación «un grupo de individuos con las tareas perfectamente distribuidas» y tapados con guantes, capuchas y camisetas por la cabeza, «realizaron violentos incidentes de orden público y ataques perfectamente organizados y planificados contra las fuerzas de seguridad».
Así, lanzaron piedras, botellas de cristal y artificios explosivos pirotécnicos contra policías, mobiliario urbano, viviendas, bancos y comercios.
El fiscal asegura que los acusados se desplazaron a Pamplona desde Guipúzcoa, donde residían, el mismo día 11 de marzo de 2017 para participar en la manifestación que se inició en la plaza San Francisco «con la intención de provocar disturbios en la ciudad».
En la marcha participaron unas 400 personas y en ellas se integraron «unas seis u ocho personas vestidas completamente de negro, encapuchados y con bragas de cuello, portando cada uno de ellos unas bolsas grandes».
Llegada a la calle Zapatería, procedieron a encender varias bengalas con consignas «a favor de la lucha» y lanzaron petardos y cohetes.
Finalmente, en la zona de Pozoblanco los manifestantes tomaron la calle Comedias «con la intención de enfrentarse a la policía uniformada» y comenzaron a «lanzar piedras de forma muy violenta contra los policías», así como contra los establecimientos comerciales del lugar.
Después de un «amago» de carga por parte de los policías, se dispersaron y continuaron los disturbios por diversas zonas del centro de la ciudad por espacio de dos horas, en las que causaron daños al mobiliario urbano, establecimientos comerciales y bancarios.
Entre otros actos, lanzaron al interior del Bar Tinglado, en la calle San Nicolás, varios petardos de gran potencia y en uno de ellos había un papel pegado con la inscripción «Tinglao», «indicativa de que los petardos estaban preparados para ser lanzados a ese local».
Perals atribuye concretamente a Asier haber tirado «objetos contundentes» a la Policía en la plaza Navarrería, y haber arrastrado, junto con Rubén y Endika, un contenedor de vidrio volcado desde la catedral hasta la plaza citada.
Asier fue detenido en la calle Dormitaleria y en ese momento salieron a la carrera Rubén y Endika, que fueron arrestados poco después.
En cuanto a Julen, el fiscal afirma que participó también en la manifestación y se colocó en un momento dado una prenda de color claro alrededor de su cuello.
«A continuación -relata- se agachó a recoger unas piedras de las que, instantes antes, habían depositado en el centro de la calle los jóvenes que totalmente vestidos de negro habían portado en bolsas ocultos en el interior de la manifestación». Esas piedras se las lanzó luego a los policías de la plaza del Castillo.
A causa de los disturbios resultaron heridos un hombre y tres policías y se causaron daños en doce viviendas, comercios y bancos por valor de casi 30.000 euros.
El fiscal les pide por ello 7 años de prisión por desórdenes públicos terroristas y otros 5 años de libertad vigilada, así como el pago de los 30.000 euros por los daños causados, otros 1.500 euros al hombre herido y 600 más por cada uno de los policías lesionados. EFE
Estupenda noticia. Basta ya de paños calientes. Para que España se convierta en un país serio de verdad, las leyes han de ser duras y aplicarse a rajatabla. Venimos siendo el paraíso de la delincuencia por nuestra laxitud a la hora de castigar a los criminales. Por cierto, Navarra en general, y Pamplona en particular, es un polvorín a punto de estallar… Haría bien la Guardia Civil en no retirarse de allí, por lo que pueda pasar. Son el único freno para esos salvajes proetarras