El Gobierno ha anunciado que va a analizar si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal, de 1995, para adaptarlos a la «nueva concienciación social», tras conocerse la sentencia que condena a los acusados de La Manada por abusos sexuales y no por agresión sexual.
Lo ha explicado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que ha destacado que «hay una mayor concienciación y sensibilización hacia una tolerancia cero hacia este tipo de actuaciones y por eso, el ministro de Justicia ha anunciado que ha pedido que se reúnan para reflexionar sobre ello».
«La tipificación de esos delitos data del Gobierno de González de 1995, han pasado 23 años y ha cambiado afortunadamente y en positivo» la sociedad, ha dicho Méndez de Vigo, por lo que ha apostado por «trasladar a los textos legislativos esa nueva actitud social que ya hay en nuestro país».
Méndez de Vigo ha detallado que el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha puesto en contacto con la sección penal de la Comisión General de Codificación «para valorar» si la tipificación de esos delitos está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso «una actualización».
«Es evidente que cualquier modificación hay que hacerla reposadamente; hay que contar con todos los grupos políticos porque sería una modificación de una ley orgánica», ha advertido.
El portavoz ha reiterado que «el Gobierno siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas», al referirse a la «deleznable» agresión sexual sucedida en los Sanfermines de 2016, por la que han sido condenados cada uno de los cinco acusados a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual.
Ha destacado que el primer pacto firmado por el Gobierno ha sido contra la violencia de género, con la que se ha comprometido «a seguir luchando hasta que esta lacra desaparezca».
El ministro ha insistido en que el Ejecutivo «acata y respeta» las decisiones judiciales, si bien ha recordado que «no se trata de una sentencia firme», sino que caben recursos, como el anunciado por el fiscal, ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Supremo.
Muestra de ese compromiso de la lucha contra la violencia machista, Méndez de Vigo ha señalado que los presupuestos de 2018 «contemplan una aportación presupuestaria de 200 millones hasta llegar a los mil» en los cinco años que fija el pacto.
El Gobierno combatirá esa lacra con la reflexión no «solo desde el Código Penal, sino también desde la sensibilización» de la sociedad, ha concluido. EFE
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