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Se insta al Gobierno de España a reforzar la capacidad redistributiva del sistema de pensiones

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El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN y PSN, la abstención de Geroa Bai y los votos en contra de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PPN e I-E, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social”

La resolución, presentada por PSN, aprobada incluye un segundo punto en el que, con el voto en contra del PPN, se emplaza al Ejecutivo central a “garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de España a “eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019”. Igual que en el punto anterior, el PPN ha votado en contra y el resto a favor

Asimismo, se conmina al Ejecutivo de Madrid a “racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones. Entre éstos, las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc.), cuyo mantenimiento, si se considera necesario en algún caso, debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de los PGE; y los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos”. Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E han votado a favor, EH Bildu se ha abstenido y UPN y PPN han votado en contra.

Además, se compele al Gobierno de España a “incrementar los ingresos del sistema. Por un lado, complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones. Por otro lado, intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social”. Este epígrafe ha prosperado con los votos en contra de UPN y PPN. El resto ha votado a favor.

Por otra parte, se solicita una “mejora de la naturaleza protectora del sistema, modernizando la gestión del Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual”. EH Bildu se ha abstenido, el PPN ha votado en contra y el resto a favor.

Por último, sin más voto en contra que el de PPN, se requiere al Ejecutivo central la “adopción de medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género)”.

A tal objeto, se demanda la “aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, con el fin de eliminar la brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas”. Y se solicita “recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27 /2011, de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública, hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P PSN cuestiona el “progresivo empobrecimiento al que, rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo, han conducido las políticas del PP y, en ese sentido, llama a establecer una fuente complementaria de financiación a cargo de los PGE para, en base a un nuevo modelo, reequilibrar el sistema de pensiones, a la postre la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%)”.

Así, tras repasar los ·déficits constantes y crecientes” que, acentuados por los nuevos mecanismos de revalorización (se desvincula del poder adquisitivo) y sostenibilidad (ajusta la pensión en función de la esperanza de vida), siembran de “incertidumbre” las expectativas de los jubilados presentes y futuros, se alerta sobre el “expolio del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que si no se ha agotado ha sido a costa de endeudar a la Seguridad Social, con 10.192 millones en 2017 y otros 15.000 en 2018”.

A ese respecto, se recuerda que el Fondo de Reserva “surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social llevada a cabo por los Gobiernos socialistas en 1989, que hoy tendría más de 90.000 millones sólo en base a su propia rentabilidad”, estaba concebido para “afrontar las mayores tensiones generacionales del sistema, previstas en torno al año 2023. Sin embargo, se va a agotar 10 años antes de lo previsto, lo cual exige la adopción de nuevas medidas, entre ellas un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad”.

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