La Guardia Civil ha informado al juez del Supremo Pablo Llarena de que el dinero supuestamente malversado por la Generalitat de Cataluña para pagar observadores internacionales en el referéndum del 1 de octubre pudo llegar a 177.065 euros, si bien hasta el momento solo puede demostrar el abono de 119.700 euros.
Cristobal Montoro negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público, lo que ha llevado este miércoles a Llarena a pedirle por escrito que explique «a la mayor brevedad posible» sus afirmaciones, al considerar que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, por su parte, se ha comprometido este miércoles a aportar al juez Llarena toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria.
JxSí pagó con subvenciones el acto de presentación del referéndum
La Guardia Civil sospecha que el grupo parlamentario de JxSí pudo pagar con las subvenciones públicas que recibía el acto de presentación del referéndum que se celebró el pasado 4 de julio en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y que costó 17.690 euros.
En su informe, el instituto armado desglosa los gastos del referéndum pagados presuntamente con fondos del Govern: cerca de 980.000 euros destinados al gasto de los servicios postales de Unipost, otros 61.879 para carteles de publicidad, 217.656 para la contratación de observadores internacionales, 152.578 para material electoral y 40.227 para informática, entre otros.
Además, el informe de la Guardia Civil cree que en el 1-O se malversaron otros 17.690 euros por el alquiler del TNC, donde el pasado mes de julio el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó los detalles de la futura ley de referéndum.
El acto, según el informe, fue «gestionado y abonado» por el grupo parlamentario de JxS -que en su día admitió haberlo sufragado e informó del coste- y la Guardia Civil cree que para pagarlo pudo emplear «dinero procedente de subvenciones públicas».
La Guardia Civil investiga además los 40.227 euros que se estima costó el acondicionamiento de una central de llamadas habilitada junto al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat para «gestionar y centralizar los datos del referéndum» y el material informático utilizado en el mismo.
Esa partida, que el informe aclara está todavía «en fase de investigación», incluye el coste del material informático que la Generalitat adquirió a la empresa Fujitsu. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
