El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de 535 años para cada uno de los dos etarras que hicieron estallar una furgoneta bomba en el distrito madrileño de San Blas en mayo de 2005, causando heridas a 45 personas, 14 de ellos policías.
El alto tribunal rechaza todos los motivos de los recursos de los condenados y confirma que se les condenara por los delitos de intento de asesinato terrorista a 45 personas, catorce de ellas agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de estragos terroristas y a indemnización igualmente a indemnizar con más de medio millón de euros a las víctimas y a los dueños de los inmuebles afectados, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid al que deben abonar 407.578 euros por los daños ocasionados.
