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El Gobierno disconforme con una proposición de ley del UPN sobre deducciones fiscales

NAVARRAINFORMACIÓN.ES

El Gobierno de Navarra ha expresado en su sesión de hoy la disconformidad con la toma en consideración de una proposición de ley de UPN sobre la actualización de las deducciones fiscales sobre pensiones de viudedad y de jubilación

El Ejecutivo destaca que utilizar el SMI como valor de actualización no garantiza el poder adquisitivo de las pensiones como ya ocurrió entre los años 2011 a 2015, con una pérdida del mismo muy importante.

Además, recuerda que en 2017 el Gobierno foral ya realizó reformas para subir las deducciones de pensiones de viudedad hasta el SMI de 2017, y equipar a las personas con pensiones inferiores al SMI de 2017 en tres años. Con la ley que impulsó el Gobierno y el cuatripartito, se ha pasado de destinar 3,2 millones de euros en 2016 a 18 millones en 2017; y de las 10.000 personas beneficiadas hasta entonces, viudas con pensiones estatales por debajo del SMI, a las más de 23.000 del año 2017.

Así mismo, con el sistema ya en vigor, la deducción aplicada a las pensiones de viudedad se vio incrementada el año pasado un 8 %, 32 veces la subida general de pensiones del 0,25%, para equipararse al SMI; y en 2018 han subido un 1,8%, siete veces más que las del Estado (0,25%) y tres veces más que el IPC de Navarra (0,6%).

La deducción para el resto de pensiones bajas irá aumentando progresivamente, hasta su equiparación con la deducción de las pensiones de viudedad en el año 2019. “La estimación de gasto, vía minoración de los ingresos por IRPF, es de 61,7 millones en el periodo 2018-2020, por lo que es importante el esfuerzo impulsado por el Ejecutivo foral para mejorar la renta disponible de las pensiones más bajas”, recalca.

Igualmente es preciso señalar que la propuesta de Unión del Pueblo Navarro generaría profundas desigualdades al plantear la desaparición de la exigencia de no estar obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que puede suponer que accedan a la deducción personas con elevados patrimonios. Así mismo, resulta extraño y criticable que no se establezcan requisitos de límite de rentas en el supuesto de que el sujeto pasivo estuviera integrado en una unidad familiar, lo que puede suponer que este complemento lo perciban unidades familiares con rentas altas o muy altas y, nuevamente, profundizar en las desigualdades sociales que la norma impulsada por el Gobierno de Navarra pretende corregir.

El Gobierno remarca que no se puede dejar en manos de una institución ajena a Navarra, el Ejecutivo central, la actualización de las deducciones fiscales, dado que el SMI es un indicador de competencia estatal, aplicado además a relaciones laborales, “lo que entra en colisión con las competencias forales en materia fiscal”.

El Ejecutivo considera de la misma manera que la proposición de UPN supondría un “agravio comparativo” con la población trabajadora que percibe ingresos inferiores o iguales al SMI. En Navarra este colectivo supone 15.521 personas (9,1% del total), 14.840 por jornadas parciales, según un reciente estudio del Observatorio de la Realidad Social. Y también supondría una discriminación respecto a otras prestaciones sociales que se actualizan con el IPC.

Cabe recordar que diferentes partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados, entre ellos el proponente, ha solicitado que la revalorización de las pensiones sea como norma general la subida del IPC (1,1%), sensiblemente por debajo de la subida de 2018 en Navarra para estos colectivos y muy por debajo de la de 2017. Dado que se está aplicando mayor subida en Navarra, la diferencia se carga a los y las contribuyentes de la Comunidad Foral, y no en la Seguridad Social, que es la competente. El Gobierno se pregunta por qué UPN no exige para el Estado siquiera las mejoras que el Gobierno de Navarra ha aplicado ya en Navarra.

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