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Jueces y fiscales navarros piden una justicia “independiente” y “de calidad”

Una treintena de jueces y fiscales navarros se han concentrado esta mañana ante el Palacio de Justicia bajo el lema “Por una justicia independiente y de calidad” y han anunciado su adhesión a las movilizaciones convocadas con el fin de reivindicar mejoras laborales y una modernización de la Justicia.

“Nos adherimos y secundamos todas las medidas que se han propuesto por las asociaciones judiciales y fiscales el pasado 5 de marzo, entre las que se encuentran una próxima concentración en Madrid, paros de una hora, e incluso la huelga si fuera necesario, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación que parece que está iniciado”, ha explicado a los medios de comunicación la jueza decana de Pamplona, Mari Paz Benito.

Benito ha realizado estas declaraciones una vez finalizada la concentración, momento en el que ha procedido a la lectura de un comunicado consensuado entre las cuatro asociaciones judiciales y tres fiscales que han promovido esta convocatoria a nivel nacional.

En dicho documento, se solicita a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que, “con la urgencia que exige la situación”, se acuerden medidas como la convocatoria “inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones, con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función”.

También se pide un “impulso inmediato de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere” y se reclama la recuperación del régimen de vacaciones y permisos, así como el permiso de paternidad.

Igualmente, se apuesta por la implantación “urgente” de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de “medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales”.

En lo referente al Ministerio Fiscal, se aboga por la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción “mientras no se dote de los medios necesarios a tal efecto”, así como por la paralización de la implantación de la justicia digital mientras no se garantice el “correcto funcionamiento de los programas y equipos”.

Igualmente se demanda autonomía presupuestaria y un refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal, para lo que se ha abogado por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En esa línea se reivindica que el Consejo General del Poder Judicial ampare “de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque que reciban en el ejercicio de su independencia” y se propone la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial “que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al Consejo”.

Además de la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos, se apuesta por una “objetivación” del sistema de nombramiento de cargos judiciales, con arreglo a “perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión adoptada por una mayoría cualificada”.

Con el fin de modernizar la Justicia, se apuesta por un plan de inversión “suficiente y prolongado” destinado a equiparar las plantas judicial y fiscal a la media europea, convocando al menos 300 plazas de cada cuerpo en los próximos 4 años.

Aparte de modernizar los edificios judiciales y fiscalías, se defiende la implantación de los tribunales de instancia aunque, mientras tanto, se apuesta por la creación de órganos judiciales “suficientes para atender el incremento de carga de trabajo”, ya que actualmente hay 126 asuntos por cada 1000 habitantes.

“Por más que pase el tiempo y por más que pasen los gobiernos, seguimos teniendo las mismas necesidades sin cumplir”, ha lamentado Benito, quien ha añadido que “el incremento de trabajo no puede ser asumido”.

Como ejemplo ha citado el “llamado juzgado de cláusulas suelo que en Pamplona no existe”. Según ha explicado, “lo que se hizo fue atribuir al Juzgado de Primera Instancia 7 la competencia en materia de cláusulas suelo junto a la que ya venía asumiendo”.

Aunque ha reconocido que “se dotó de funcionarios y de medios a ese juzgado fantasma para poder intentar asumir el trabajo que entraba”, dicho Juzgado “se ha visto abocado a asumir todo el trabajo que entra de Navarra, más lo que ya tenía”. Por ello, ha manifestado que “teniendo en cuenta el volumen de entrada es imposible, por más que se pueda trabajar en el mismo, dar una respuesta a tiempo”. EFE

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