Antonio de la Torre
DEL MAL ENTENDIDO “DERECHO A DECIDIR” A LA OBLIGACIÓN DE ACABAR EN PRISIÓN.-
Dedicaba hace tres años, en el Blog cordobés Desde el Caballo de las Tendillas -donde empecé mis pinitos como articulista de opinión fuera de las redes sociales-, un artículo sobre el supuesto “Derecho a decidir” del que se habla mucho en los últimos tiempos y sigue siendo uno de los repetidos mantras del argumentario nacionalista en una interpretación tan partidista y sesgada como, a mi juicio, errada. Decía entonces que ‘decidir’, como verbo transitivo que es, implicaría hacerlo sobre algo y ahí, nuestro “derecho” puede encontrarse limitado por la cosa sobre la que se quiera decidir y la licitud de hacerlo.
Los que lleven tiempo leyendo mis reflexiones, recordarán que digo desde hace tiempo que ”la permisividad y falta de actuación por parte de los diversos gobiernos (de los últimos treinta y seis años, al menos), se ha traducido en la triste realidad del VALE TODO y NUNCA PASA NADA” y hemos sido testigos de numerosas manifestaciones en las que los “hechos consumados”, basados en ese libertinaje, merced a la tan de moda “corrección política” que se ha impuesto en un país tan garantista como el nuestro, no tienen la debida respuesta de gobernantes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y –hasta ahora- jueces. Ha ocurrido cada vez que esa parte de la sociedad ejerce sus “derechos”, como hemos visto recientemente con los autollamados CDR-Comités de Defensa de la República- aparecidos en Cataluña, que se “expresan” cortando vías de comunicación o destrozando mobiliario urbano -“que no es de nadie”- como protesta por la detención de unos políticos que han incurrido en delitos muy graves contra el Estado. Como ya dijo en su día José Mª Aznar, aunque creo que lo decía justamente en el sentido contrario, se ha producido el efecto de la “lluvia fina” que, al final, acaba calando tanto o más que un chaparrón en una sociedad en la que la educación brilla por su ausencia “gracias” a esa “igualdad” (igual-da, sería más correcto) por abajo que el progresismo quiso y el conservadurismo no fue capaz de contrarrestar.
Dicho esto, repasaba a grandes rasgos -y repito aquí- las principales causas de esta situación que, a mi juicio, abocaba a un final, cuando menos, incierto -decía entonces- y que la Justicia, a la que nunca hubiera llegado de esta forma de haber actuado a tiempo -unos y otros-, trata de resolver:
1.- Marco constitucional abierto en su Título VIII. Se reconoce en él una organización del Estado en Comunidades Autónomas, muy pronto “evolucionadas” a “Nacionalidades”, “Países” o “Realidades Nacionales”, eufemismos todos para no llamar a las cosas por su nombre -meras regiones- que como se ha visto no tenían otro objetivo que atentar contra lo que consagra el Art. 2 de la Constitución: “la indisoluble unidad de la Nación española”. Claro que si recordamos aquello de “La palabra nación es un concepto discutido y discutible”, del “insuperable” Rodríguez, el desastre estaba servido desde su llegada y su Ley de Memoria histórica –o histérica y sectaria- y demás barbaridades hicieron el resto.
No viene mal recordar -de nuevo- el pronóstico que, tan acertadamente, adelantó Fernando Vizcaíno Casas en su “profético” libro “Las Autonosuyas” -1981- que, por cierto, recogía al principio una copia de un artículo del ya desaparecido Diario Madrid, con unas declaraciones del entonces Secretario de Organización del PSOE, Alfonso Guerra: “El proceso autonómico se ha convertido en un proceso de auténtico cachondeo” -perdón por la redundancia, pero lo recojo literalmente–. Y todavía no había llegado Juan, el hermano de “mi h-en-mano”, con sus “cafelitos” y todo lo que vino después. Añadía don Alfonso que: “Se ha dividido al país en parcelas y se está vendiendo como una urbanización…”, adelantando algo en lo que luego él y su partido parece que tuvieron una parte más que destacada.
2.- Llegó después la malhadada transferencia de competencias de Educación -para mí, la clave de todo el desastre. Ni más ni menos que darle las armas al enemigo y, además, pagarle -vía Presupuestos y FLA- las municiones. Algo así como inyectar en el ADN de las generaciones nacidas desde 1975 una ‘célula cancerígena’ con los “caminos para la metástasis” garantizados, porque no otra cosa significaba darle a los ‘reyezuelos’ separatistas la capacidad de influir desde edad preescolar en el sentimiento nacionalista que, como hemos podido comprobar, acabó por prender desde el adoctrinamiento y la inmersión lingüística de escuelas, colegios y universidades, forzada des de entonces y ante la pasividad del Estado. Es decir, se confirió a los secesionistas la potestad de “pastorear conciencias”.
3.- Siguió la utilización insensata –y, por desgracia, común hoy- por la mayoría de políticos y medios de comunicación, nacionales y regionales (públicos y privados), de muchos términos en las lenguas o dialectos regionales, hasta convertirse, muchas veces, en altavoces en manos del gobernante de turno para expandir esas consignas de regionalismo creciente, hasta llegar a la permitida -cuando no potenciada- y hoy ‘normalizada’ aberración de que España sea la única Nación de habla hispana, del mundo, en la que no se habla Español sino ‘castellano’, lo que puedo afirmar por mis vivencias en diferentes países de Hispanoamérica en los que siempre se oye “hablamos en español’ y nadie dice “en castellano”. Recuerdo a un conferenciante -al que se lo pedí durante una intervención pública con asistentes de varias comunidades- que me dijo en una ocasión: “es mejor decir castellano para no herir sensibilidades y evitar un choque de trenes” (sic). Algo se hizo muy mal, insistí, para que, decir que en España se habla español, produzca un ‘choque de trenes’.
Y, como decía antes, de esta cesión continua y permisividad creciente, no han sido ajenos ninguno de los dos grandes partidos -“progresistas” y “conservadores”- que se dicen de ‘ámbito nacional’ y en esa línea de “reconocimiento” consentido hemos visto la aparición de organismos ahora “nacionales”: Agencias de Meteorología, Consejos Consultivos, Consejos Económico-Sociales, etc., acuñando, para los que hasta entonces venían siendo Nacionales, de verdad, el término “Estatal”.
4.- Se remató el desaguisado con numerosos incumplimientos de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en relación con la libertad de elección de enseñanza, hasta el punto de haberse llegado prácticamente a una inmersión lingüística en la que, a duras penas, se “permiten” dos horas de Español a la semana para salvaguardar lo que dice el Art. 3 de nuestra Constitución. Para esto parece que el “derecho a decidir” no cuenta.
En resumen, durante los casi cuarenta años de vida de nuestra Constitución se ha ido preparando un ‘cocktail’ explosivo, con algunos ingredientes ya precocinados que no estuvieron presentes cuando se concibió ¿o sí por parte de algunos?, y con un ‘barman’, débil aparentemente, que llevó al extremo su “diálogo sin fecha de caducidad” y algunas “conversaciones ocultas”, traducidas en dos “consultas” públicas en Cataluña (9-N-14 y 1-O-17) que, en el colmo de nuestro régimen garantista, han llegado a los tribunales cuando la situación alcanzó su límite ¿No se pudo haber aplicado la ley con carácter preventivo antes de sobrepasar todos los límites? Parece que no, cuando de ser “garantístas” se trata. Lo cierto es que el abuso del mal entendido “derecho a decidir”, sin respeto al marco legal, ha llevado al Gobierno, a la aplicación in extremis de las leyes -más suave de lo debido, por imposición de una Oposición lamentable, C’s y PSOE- y, a través del Tribunal Supremo, a poner en marcha la implacable maquinaria judicial.
Así, tras el esperpéntico y ridículo peregrinar europeo de unos políticos fugados -amparados por países supuestamente democráticos, como Bélgica primero y Suiza y Escocia después-, cuando fracasó -como no podía ser de otra manera- su atentado contra el orden constitucional y su cobardía para afrontar el delito dejando en la estacada a sus supuestos representados y compinches -menos “hábiles”-, ese “derecho a decidir” absoluto para algunos “presuntos” delincuentes acabó con la absoluta aplicación de la Ley por un país serio, como Alemania, que detuvo y encarceló al fugitivo de Gerona nada más pisar su territorio y ratificó, en diez días escasos, desde la Fiscalía del Lander en que fue detenido, el alcance de la OEDE aceptando los delitos que le imputa desde España el Magistrado Llarena. Estuvo impecable el portavoz del Gobierno alemán, la semana pasada, y no menos el pasado martes la de la Fiscalía, que reconoce el paralelismo entre los delitos por los que se le reclama yn los contemplados en la legislación alemana.
Ahora, el molt miserable Carlos Picodelmonte, desde la prisión de Alemania en la que lleva diez días y durante un par de meses, más o menos, podrá ejercer su “derecho a decidir” entre tostadas calientes o salchichas frías -o viceversa, que tanto da- ataviado con el chándal verde -me temo que sin lazo amarillo en la solapa ni bufanda- que los reclusos visten allí, compartiendo “pensión” con delincuentes comunes, antes de ser trasladado al “hotel” que se le asigne para compartir “vacaciones” con los que ya están encerrados, gracias, en buena parte, a la “valentía” que demostró él huyendo y desafiando a la Justicia española, demostrando el “riesgo de fuga” que llevó a dejar entre rejas a unos, desde el principio, y al retorno de otros tras acreditar muy poco sentido de “arrepentimiento”.
Mientras, por aquí, los pocos que van quedando seguirán con sus algaradas callejeras, inversamente proporcionales a la respuesta recibida y al tiempo que transcurra. Así lo veo yo, si se hacen las cosas bien.
Antonio de la Torre, licenciado en Geología, técnico y directivo de empresa. Analista de opinión
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