El Gobierno suizo reiteró hoy que la Confederación Helvética, como la mayoría de otros países, no concede la extradición por «delitos políticos», pero recalcó que una orden internacional para detener a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida el viernes a Suiza, sería analizada en «profundidad».
«Como en el caso (Anna) Gabriel, también se aplica a todos los demás políticos catalanes que vienen a Suiza el principio de que este país, al igual que la mayoría de los demás Estados, no concede ninguna extradición por delitos políticos», señaló a Efe el portavoz del Departamento Federal de Justicia, Folco Galli.
El portavoz no ha podido confirmar que Suiza ha recibido el orden internacional de detención dictada el viernes por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena contra Rovira, a la cual atribuye un papel «esencial» en la coordinación del proceso independentista catalán y a la cual procesa por presunta rebelión.
En cualquier caso, ha dicho el portavoz, el Departamento de Justicia suizo «tendría que analizar en profundidad la motivación de una eventual solicitud internacional de detención y aclarar sobre todo si las actuaciones de las cuales se los acusa a las personas afectadas constituyen delitos políticos».
El Gobierno suizo ya había dejado claro las últimas semanas que no extradita personas por presuntos «delitos políticos», aunque el delito del cual se les acusa existiera en el Código Penal.
El Gobierno suizo también indicó el pasado día 15 -ante la petición de la Fiscalía española en el Ministerio del Interior que consultara en Suiza sobre la posibilidad de detener y extraditar al presidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y la consellera Meritxell Serret con motivo de su reciente viaje a Ginebra- que «no había base» para eso.
En Suiza son considerados delitos políticos únicamente los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables, como un secuestro de un avión o la toma de rehenes.
Lo único comparable con el delito de rebelión del cual se acusa Rovira en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece «una pena privativa de al menos un año» para aquel que cometa actos tendentes «a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón».
El mismo se aplica para los que «derriben por la violencia las autoridades políticas instituidas por la Constitución o los impida mediante la violencia ejercer su poder» o «separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón». EFE
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