La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de 122 años de cárcel para el etarra Sergio Polo, al considerar acreditado que fue quien colocó, en 1995 en León, una bomba lapa en el coche del comandante del Ejército Luciano Cortizo que al estallar le causó la muerte y heridas graves a su hija, de 18 años.
Antes de elevarlas a definitivas, el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha modificado en parte sus conclusiones provisionales para reclamar una indemnización de 160.000 euros para el hijo de la víctima, Alejandro, además de las que ya solicitaba para la viuda y la hija, a la que también pide indemnizar por las secuelas.