Los ex presidentes Manuel Chaves (i), y José Antonio Griñán (d), sentados en primera fila junto a los 22 ex altos cargos de la Junta.
Los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina han declarado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE que no recibieron «ninguna alerta» de irregularidades en las ayudas sociolaborales investigadas y cuya gestión correspondía al director de Trabajo.
Ambos se enfrentan a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación en un juicio en el que son procesados junto a otros veinte ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que el Gobierno andaluz repartió entre el 2001 y el 2011 más de 850 millones en ayudas de forma presuntamente arbitraria y para eludir el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.
