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El prior del Valle de los Caídos, dispuesto a tratar sobre las exhumaciones

El prior del Valle de los Caídos, dispuesto a tratar sobre las exhumaciones

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se niega a explicar en el Senado por qué desestima las exhumaciones de los enterrados en el monasterio, pero en una carta remitida a la Cámara Alta sí muestra su disposición a “buscar nuevas soluciones y acuerdos para la mejor resolución del caso”.
Cantera está citado mañana, lunes, por la Comisión de Justicia del Senado, a instancias del PSOE, para abordar el conflicto derivado de la retirada de restos humanos de la abadía, autorizada judicialmente para algunos casos concretos pero paralizada por un recurso de la Comunidad Benedictina, que regenta el monumento.

“La Comunidad Benedictina ha seguido en todo caso los cauces legales que se le han ido marcando desde la Administración, pero está abierta a poder buscar nuevas soluciones y acuerdos para la mejor resolución del caso y atendiendo a los intereses de las partes”, afirma en la misiva remitida a la Cámara Alta para aclarar su negativa a explicarse mañana ante la comisión.

El abad ruega al presidente de este órgano, Manuel Altava, que “excuse” su asistencia “en función de mis deberes al frente del monasterio, además de por mi condición de religioso”.

Pero también invita a los senadores a visitar la basílica “y poder responder a cuantas preguntas deseen realizar” sobre este asunto o sobre la labor de los benedictinos, que regentan la abadía en virtud de un acuerdo con Patrimonio de 1958 y que el Ministerio de Justicia cree necesario revisar ya.

Cantera propone varias fechas y sugiere que lo mejor sería que los senadores acudieran un lunes porque es jornada sin visitas turísticas.

La propuesta del abad es vista con buenos ojos por algún grupo parlamentario, aunque no tanto por el PSOE, que reprueba la falta de colaboración del religioso por negarse a acudir al Senado.

Entre tanto, en el texto remitido a la comisión, Santiago Cantera justifica los pasos dados por la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en relación con las exhumaciones.

Incluso niega que se oponga al auto del juez de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que en marzo de 2016 autorizó a sacar del columbario los restos de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña.

“La Comunidad Benedictina reconoce los derechos de los familiares que solicitan exhumar los restos de sus antepasados para trasladarlos a otro cementerio, pero a la par desea que se garanticen los derechos de los familiares del resto de los allí enterrados”, argumenta.

Afirma que quiere evitar “cualquier riesgo estructural en los osarios” e impedir “daño alguno posible en el interior de los mismos por las operaciones que en ellos se realicen”.

Y recuerda que el auto dice que el derecho a recuperar los restos “no es ilimitado” y que la situación del cementerio obliga a adoptar medidas “proporcionales”, garantizándose la “integridad” de los restos cadavéricos y respetando “la memoria de los difuntos”.

Estas razones, prosigue el prior, llevaron a los benedictinos a poner “reparos” a las exhumaciones que iba a emprender Patrimonio, y en suma a recurrir la decisión judicial, primero en alzada y después ante la Audiencia Nacional, una vez que técnicos del CSIC revisaron los osarios en junio de 2017.

Agrega el abad que los benedictinos han recibido 35 cartas de familiares que les piden que los restos de sus allegados “sean completamente respetados”, lo cual ha condicionado a su juicio el papel de los monjes ante esta problemática y les ha llevado a “poner el asunto en manos de la Justicia”.

Con esta carta en su poder, la Comisión de Justicia recibirá mañana al abogado Eduardo Ranz, que representa a familiares de víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, y que sí ha atendido el llamamiento del Senado cursado por el PSOE al entender que resulta “un deber moral” cumplirlo.

Como el prior no seguirá su ejemplo, la comisión tendrá que decidir qué medidas adopta, teniendo en cuenta que al no tratarse de un cargo público, el monje no está obligado a acudir la Cámara Alta, algo sólo obligatorio para los particulares cuando son llamados por una comisión de investigación parlamentaria. EFE

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