Un grupo de policías nacionales espera su transporte delante del hotel Mont-Palau de Pineda (Barcelona). 10. EFE/Archivo
¿Cuántas pruebas tiene que tener la judicatura para acusar con fundamento a quienes dieron la orden de que la policía autonómica catalana inactúara en el referéndum ilegal? Seguramente ya ninguna.
Las últimas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil demuestran “bien a las claras” que los Mossos recibieron órdenes claras y contundentes, por parte de algunos miembros del Gobierno catalán, para obstaculizar las acciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Ley debe actuar ya contra quienes intentaron socavar el Estado de derecho y, sobre todo, contra quienes siguen haciéndolo todavía. Da igual, a la postre, quien vaya a ocupar el cargo de presidente de Cataluña, el caso es que lo va a ocupar alguien que, tarde o temprano, va a intentar volver a las andadas.
Resulta inquietante para los ciudadanos comprobar cómo, pese a que se conocen las intenciones de quienes nada quieren saber con España, ahí siguen, manteniendo un pulso que hace tiempo que deberían haber terminado.
El Gobierno de una nación está para defender los intereses de todos sus ciudadanos, no sólo para defender sus intereses que, a día de hoy, parece que sean sólo mantenerse en el sillón.
