El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha explicado que con el nuevo modelo de orientación laboral que se pretende implantar en Navarra se busca atender en 2018 a un total de 15.000 personas, ofreciendo diagnósticos de empleabilidad e itinerarios personalizados.
Así lo ha manifestado durante su intervención en comisión parlamentaria, donde ha acudido a petición de UPN para informar sobre el Acuerdo Marco de Orientación.
Este servicio incluirá un diagnóstico individualizado y el diseño de un itinerario personalizado, según el consejero que ha explicado que además de un proceso de acompañamiento de forma individualizada, se facilitará tanto asesoramiento como ayuda técnica adicional para la definición del currículum, y se proporcionará apoyo a la gestión de la movilidad laboral.
«El nuevo modelo de orientación laboral que queremos para Navarra pretende un doble objetivo -ha precisado-, finalizar el año 2018 habiendo ofrecido este servicio al 100 % de las personas desempleadas de Navarra que están identificadas como prioritarias, y a todas las personas trabajadoras que lo soliciten, así como a aquellas que el personal técnico de las Agencias de Empleo consideren que lo necesitan».
Tras subrayar que el 36 % de las personas orientadas en 2017 encontró trabajo en menos de tres meses, ha anunciado que 2 de cada 3 empresas navarras prevén realizar contrataciones los próximos 5 años, y que solo el 14 % del empleo estará cubierto por personas sin cualificación.
La regionalista Maribel García Malo ha denunciado que el «sectarismo» del Ejecutivo ha generado un sistema «más privatizado que nunca, precario y totalmente ineficiente». «Lo único que están haciendo es poner en peligro las políticas de orientación», ha lamentado, tras asegurar que en Navarra existía un modelo «valorado como uno de los mejores de todo el Estado», «reconocido y consolidado».
En nombre de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha considerado que este acuerdo supone un «avance considerable con respecto a otros sistemas anteriormente utilizados, como subvenciones y convenios nominativos». «Lo escuchado nos parece correcto y positivo», ha precisado, tras recomendar que se establezca un sistema de evaluación de resultados.
También la parlamentaria de EH Bildu Asun Fernández de Garaialde se ha mostrado «de acuerdo» con el nuevo modelo y ha indicado que es el «adecuado» porque conlleva «un mayor liderazgo del sistema público», aunque se ha mostrado partidaria de «analizar errores» para poder mejorar.
Por su parte, el parlamentario de Podemos-Ahal Dugu Mikel Buil ha remarcado que a la formación morada le faltan datos para evaluar la efectividad de la propuesta. «Con claros y oscuros mantenemos nuestro escepticismo, más allá de estar satisfechos con el conjunto de las políticas activas de empleo», ha manifestado.
La socialista Ainhoa Unzu ha lamentado que este tema se está gestionando «rematadamente mal» y que, «muy lejos de publificar el servicio, como los grupos que le apoyan pretenden», se ha provocado la privatización del mismo.
El popular Javier García ha criticado que, al ser un servicio obligatorio para quien perciba la renta garantizada, no permite el acceso a aquellos trabajadores que buscan mejorar su situación laboral. «No entendemos ni el cambio ni las supuestas mejoras que tenía que haber traído consigo este cambio», ha aseverado, tras cuestionar el motivo de la supresión del sistema previo.
El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha lamentado que «algunos grupos están anticipando ya el fracaso» de esta medida. «Se pone en marcha ahora y ya veremos cómo funciona», ha afirmado Nuin, que se ha mostrado más partidario de que «no solo haya un liderazgo público, sino una prestación pública».
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