Mesa y junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.
EFE.- La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento han admitido hoy a trámite el proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentado por el Gobierno Foral
En la misma sesión se han dado por enterados del criterio del Ejecutivo disconforme con la toma en consideración de la proposición de Ley Foral por la que se deroga la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de Policías de Navarra y se ha fijado para el 18 de enero la toma en consideración en pleno de esa iniciativa.
Además se ha dado el visto bueno a varias solicitudes de comparecencias de consejeros del Ejecutivo foral para que informen sobre cuestiones diversas como el convenio económico, la renta garantizada, una nueva estación del tren de alta velocidad en Pamplona, la situación de la empresa Davalor, el «Mapa del sufrimiento de Etxarri Aranatz», la elaboración de un supuesto «informe sobre torturas» o el sistema educativo.
Las escuelas infantiles, el comercio en Pamplona, la financiación de la UPNA, los despidos de trabajadores de Mediterránea de Cátering, el desvío del trafico de la N-232 a la AP-68, entre Tudela y Zambrana, la renta garantizada y la enseñanza pública son algunas de las cuestiones a la que aluden las preguntas admitidas a trámite.
Entre ellas figura una del PSN sobre el incremento que aplicará el Gobierno de Navarra en 2018 a las pensiones de viudedad y pensiones no contributivas de jubilación, una cuestión sobre la que, en declaraciones a los periodistas, han discrepado la portavoz socialista María Chivite y el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez.
Chivite ha señalado que el vicepresidente Miguel Laparra «miente» respecto a la actualización del complemento de las pensiones de viudedad porque los «números son claros», y con la actualización al IPC y no al SMI, pierden un 2,8 por ciento de poder adquisitivo, lo que supone una media de 300 euros al año.
Al respecto ha recordado que desde el año 2004 se venían referenciando al SMI y que este Gobierno cambió la norma el año pasado para referenciarlas al IPC, con lo que se «materializa un recorte, que además se acentuará en años venideros, cuando siga subiendo el SMI».
No opina de la misma manera Koldo Martínez, quien ha asegurado que «no es cierto» que las pensiones mínimas vayan a sufrir esa pérdida, ya que «siempre se revalorizarán con el dato que más aumente, el IPC o salario mínimo».
Además, la Mesa y la Junta de Portavoces se han dado por enteradas del Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020 de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de las modificaciones presupuestarias realizadas por la Administración Foral en noviembre de 2017.
También se han dado por enteradas del Programa de Fiscalización de la Cámara de Comptos de Navarra para el año 2018 y de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación con la modificación de la Ley de Polociías y contra la ley reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha mostrado su «indignación» por estos recursos del Estado y ha pedido respeto.
Por su parte la Mesa ha acordado ampliar hasta el 30 de junio de 2018 el plazo para la elaboración del Informe de la Ponencia para revisar, actualizar y adaptar el Fuero Nuevo a la realidad social navarra del siglo XXI, solicitando a la Comisión de Régimen Foral una ampliación para la elaboración del informe hasta el 30 de junio de 2018, tal y como había solicitado la Ponencia.
La Junta de Portavoces ha rechazado la solicitud de emisión de un Informe Jurídico sobre la adecuación a la legalidad, según la sentencia del Tribunal Constitucional de la modificación aprobada por el Parlamento de Navarra de la Ley de Haciendas Locales, el pasado día 22 de diciembre de 2017, a petición de la PPN. Han votado a favor de la solicitud UPN, PSN y PPN; en contra han votado Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.
