Portavoz parlamentaria de Derechos Sociales, Nuria Medina
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El PSN-PSOE se reitera en su denuncia de que el Gobierno de Navarra recorta el complemento a las pensiones de viudedad un 2,8 por ciento, «dado que la norma que aprobó el Ejecutivo en abril de 2017 no permite actualizarlas tomando como referencia el SMI, como se venía haciendo desde el año 2004ç»
Ahora la referencia es el IPC, recuerda el PSN, por lo que, «si se hacen bien las cuentas, basta comprobar que, si el SMI sube un 4 por ciento y el IPC un 1,2, la diferencia negativa es el del 2,8 por ciento. Es decir, las pensiones pierden ese poder adquisitivo».
Por ello, la portavoz parlamentaria de Derechos Sociales, Nuria Medina, afirma que «el Vicepresidente Laparra debe decir la verdad a las personas viudas y no generar falsas expectativas, más aún cuando estamos ante un colectivo que, en muchos casos, tiene dificultades para llegar a fin de mes, por lo que cada euro que cobre o deje de cobrar influye en su calidad de vida».
Medina lamenta que «Laparra se conforme con la mediocridad, y prefiera compararse con el Gobierno del PP, que no se caracteriza precisamente por su sensibilidad social, en lugar de ponerse a la vanguardia en la aplicación de políticas públicas que mejoren la vida de colectivos como este, que tienen serias dificultades».
«Además este Gobierno ni siquiera tenía la voluntad de cumplir con la anterior norma vigente, y que ya en enero de 2017 mostró no tener intención de actualizar las pensiones de viudedad conforme al SMI. Y que fue la presión política y social, y la iniciativa legislativa del PSN-PSOE, la que le movió a tener que hacerlo», añade.
«También se encargó, junto al cuatripartito, de modificar aquella norma para que, a día de hoy, ya no se tome como referencia el SMI, lo que supone que las pensiones de viudedad perderán de media en 2018 unos 300 euros en todo el año», enfatiza Medina.
Así pues, los socialistas reivindican que los «derechos sociales se amplíen al alza, no a la baja». Por eso, cuando el Gobierno de Navarra modificó la norma, defendieron que «la actualización se hiciera conforme al SMI salvo que fuera inferior al IPC, en cuyo caso se tomaría esta referencia, para que siempre fuera favorable a las personas viudas».
«El Gobierno no quiso y hoy vemos las consecuencias de aquella decisión». concluye Medina.
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