Aitor Castañeda
Durante este mes ha sido noticia la nueva normativa de examinación para acceder a puestos del funcionariado en Navarra, con la novedad de que esta vez existe una lista única con meritaje en vascuence, algo que no ha gustado nada a los defensores de la zonificación lingüística, que propone que en la comunidad se definan tres espacios de existencia de la lengua vasca (que es más navarra que vasca, si se me permite), y por lo tanto no es adecuado evaluar dicho mérito por igual en todo el territorio. Como es común en la política de nuestro tiempo, el insulto y los reproches han sido los únicos protagonistas, y efectivamente, la peor parte se la lleva el euskera, que paga el plato de las disputas identitarias en las que nunca se le debió meter.
Si algo nos ha enseñado la Ley Foral de Vascuence es que la zonificación lingüística de Navarra es tan mutable como el propio crecimiento del idioma, y así lo hemos visto con la incorporación a la zona mixta de más de cuarenta municipios este año. Ello no da derecho pues a tildar este idioma de «residual», como han hecho algunos, o de clasificar a Navarra como comunidad «no bilingüe»; que el euskera no se hable en todo el territorio por igual (o que no exista en ciertas merindades) no significa que el territorio no sea bilingüe, como tampoco se habla el catalán en todo su Principado por igual. Sin embargo, no cabe mayor populismo que obviar que la propia geografía de Navarra hace que el vascuence se concentre con todo vigor en el norte, y se pierda hacia el sur, y por tanto, no se debe valorar su conocimiento por igual en las tres zonas de su uso. Así, si en la zona vascófona es imprescindible para un funcionario saber euskera, no lo es en la Ribera, y olvidar esta particularidad da pie a un uniformismo inadmisible que no tiene cabida en un territorio de mentalidad tan subsidiaria como Navarra.
Pido pues sentido común a unos y a otros, y altas miras para proteger la lengua vasca sin menospreciarla, como están haciendo algunos, y sin imponerla, como están haciendo otros, pues ninguna opción de ambas propende a la realidad, y olvida lo más importante para nuestra administración pública: la competencia profesional de sus trabajadores.
Aitor Castañeda Zumeta, Profesor de Comunicación de la Universidad del País
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