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Todos los sindicatos de la Casa Misericordia de Pamplona han registrado iniciativas en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Parlamento de Navarra solicitando apoyo a sus reivindicaciones y pidiendo al Vicepresidente de Derechos Sociales Miguel Laparra que actúe para desbloquear el conflicto en la Casa Misericordia de Pamplona
En la citada residencia trabajan 270 personas, y hay 550 personas residentes de las cuales 77 están concertadas por el Departamento de Política Social. A juicio de los sindicatos “el Comité de la residencia Casa Misericordia junto con la dirección de la misma, hace un año que iniciaron la negociación del nuevo convenio. Durante este tiempo, la empresa no ha ofrecido prácticamente nada que garantice unas condiciones mínimamente dignas para las trabajadoras de esta residencia.”
Las demandas que han trasladado a la dirección son las siguientes:
- Una subida salarial siempre por encima del IPC de Navarra que garantice que ninguna de estas trabajadoras tenga que asumir perdida de poder adquisitivo. Que la reducción de jornada que ofrecen sea para toda la plantilla, sin ningún tipo de discriminación a las trabajadoras de jornadas parciales, nocturnas y enfermería. Aplicándola así, proporcionalmente a cada una lo que le corresponde.
- Que la redacción del texto del convenio vaya con total blindaje a la última reforma laboral impuesta por Rajoy, es decir, que podamos tener garantías de que cuando la vigencia del convenio se acabe, se alargue hasta la firma de uno nuevo o que para que la empresa pueda dejar de aplicar lo acordado, requiera de un acuerdo entre las partes y no sea una decisión unilateral como pretenden. Esta petición no supone coste económico alguno para la empresa.
- Que las incapacidades temporales por accidente no laboral o enfermedad común se complementen hasta el 100% como se hace en la mayoría de centros de este sector. Que se reorganice el calendario de tal manera que se puedan garantizar dos fines de semana libres al mes.
En opinión de los sindicatos “es evidente que existe una responsabilidad pública en el desbloqueo de esta situación. En primer lugar 77 plazas son concertadas y por lo tanto el Gobierno de Navarra debe velar porque en aquellas residencias en las que haya conciertos se ofrezca una atención de acuerdo a estándares de calidad óptimos, en este sentido parece relevante pedir a todas las instituciones públicas que actúen y medien en un conflicto laboral enquistado desde hace un año.
