El aspirante a la presidencia de Osasuna Juan Ramón Lafón, cuya candidatura fue rechazada por la junta electoral al considerar que incumplía los estatutos, ha anunciado este miércoles que acudirá a la justicia ordinaria para pedir la nulidad del artículo 26 de los estatutos y que se puedan convocar nuevas elecciones.
Luis Sabalza, presidente desde diciembre de 2014 hasta que dimitió hace pocos días para presentarse a las elecciones previstas para el próximo domingo, tomará esta tarde posesión del cargo para los cuatro próximos años como candidato único de forma oficial.
La junta electoral, formada por cinco socios elegidos por sorteo, decidió, asesorada por dos abogados contratados por el club, invalidar las candidaturas de Juan Ramón Lafón y de Víctor Álvarez, quien ha descartado recurrir a la vía judicial.
Dicho organismo no admitió los preavales económicos de estos dos aspirantes, de 4,2 millones de euros, en el caso de Álvarez al «no tener consideración de aval o preaval» y ser una simple carta de manifestaciones, y el de Lafón al no estar emitido por una entidad recogida en el registro del Banco de España tal y como indican los estatutos.
Sabalza estaba exento de presentar este preaval bancario exigido por los estatutos del club como presidente saliente y tras haber obtenido beneficios Osasuna durante la última temporada.
Lafón ha anunciado hoy en rueda de prensa que en los próximos días reclamarán ante la justicia ordinaria la «nulidad del artículo 26» en lo que respecta a la obligatoriedad de que el preaval esté emitido por una entidad registrada por el Banco de España.
«Si la justicia nos diera la razón se deberían convocar otras elecciones. Lo único que queremos es que el socio vote democráticamente», ha afirmado Lafón, acompañado por los miembros que forman su equipo de trabajo.
Lafón ha cuestionado que la junta electoral se agarre a la literalidad de la redacción de los estatutos cuando, a su juicio, no se cumplen otros como la aplicación del euskera en el club, tras la reforma del pasado mes de marzo.
Ha señalado que la junta directiva de Sabalza, cuando se aprobaron estos estatutos, dijo que se aplicarían «desde la lógica y el sentido común» y sin embargo no ha sido así en estas elecciones, y ha vuelto a defender que la entidad inglesa que les ha emitido el preaval no necesita estar registrada en el Banco de España «porque puede operar en España».
Lafón ha asegurado que «los mismos que convocaron estas elecciones se las han cargado utilizando a la junta electoral en base a la redacción de unos estatutos alevosamente contraria al espíritu democrático».
Ha añadido que fue una «convocatoria trampa», anunciada en marzo tras la aprobación de los nuevos estatutos, para tapar cuestiones como el previsible descenso o el asunto de los pagos al entonces entrenador Petar Vasiljevic, o para evitar una moción de censura.
«Por ética y coherencia se tendría que haber apartado, pero se sigue aferrando al sillón como un clavo ardiendo», ha dicho sobre la imputación de Sabalza por posible alzamiento de bienes y desobediencia judicial con el fin supuestamente de obstruir los embargos al extécnico a raíz de unas deudas personales.
«¿Cómo es posible que esté con la sombra de la inhabilitación y tenga tanta prisa en tomar posesión del cargo?», ha comentado Lafón sobre Sabalza.
Lafón, que fue destituido por Sabalza en febrero de 2016, ha lamentado que «desde la directiva y desde la dirección general del club se haya materializado el objetivo de frustrar la celebración de unas elecciones democráticas como resultado de una serie de actuaciones de las que se ha hecho responsable premeditadamente a la junta electoral».
«Osasuna no tiene hoy un presidente electo como todos queríamos, sino un presidente autoimpuesto a la carrera, dictatorialmente y como resultado de un vergonzoso proceso de anulación y represión de la democracia y participación en nuestro club», ha apuntado Lafón, que ha señalado que la directiva de Sabalza tiene «pánico a que otros socios puedan abrir los cajones y aplicar una política de transparencia real» en el club.
«Nos vemos obligados a recurrir a la justicia ordinaria por respeto y en cumplimiento con la deuda adquirida por todos los socios que nos dieron sus firmas y también en la defensa de los valores democráticos de Osasuna», ha declarado. EFE
