Las medidas propuestas por el Gobierno para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 han superado hoy el penúltimo trámite en el Senado, antes de que mañana sea aprobado en pleno el dictamen final, que el PP ha aceptado modular, y a la espera de una salida «in extremis» que evite su aplicación.
Todo ello en una jornada maratoniana en la Cámara Alta, que ha reunido la comisión «ad hoc» creada expresamente para esta tramitación mientras desde Barcelona se sucedían las informaciones contradictorias sobre la intención del presidente catalán, Carles Puigdemont, de convocar o no elecciones anticipadas.
Tras varias horas de debate en ponencia y en comisión, a primera hora de la noche se ha votado el dictamen final, que incluye una enmienda del PSOE en favor de la «aplicación gradual» de los preceptos planteados por el Ejecutivo.
Es la única enmienda incorporada al dictamen que mañana debatirá el pleno de la Cámara Alta, con los votos mayoritarios del grupo popular, del PSOE y del grupo Mixto, y contempla la posibilidad de modular su aplicación si se producen cambios en la situación e incluso de «anticipar» la supresión de las medidas «si cesasen las causas» que las motivan.
Hay otras dos enmiendas del PSOE -una relativa a los medios públicos y otra para suspender la aplicación del 155 si Puigdemont convoca elecciones- que se podrán volver a debatir mañana en pleno.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acudido a la comisión a exponer los argumentos del Ejecutivo y ha defendido la aplicación del 155 para «rescatar» a Cataluña de la «irresponsabilidad política» y abrir una nueva etapa que suponga «el principio del fin de una reiterada desobediencia a la ley».
En el debate en comisión, los portavoces del PDeCAT y de ERC, Josep Lluís Cleries y Miquel Àngel Estradé, respectivamente, han sido los más críticos con el 155 y han sacado a relucir el «espíritu franquista» de estas medidas, que han calificado de «golpe de Estado» a las instituciones democráticas catalanas.
Cleries ha denunciado que el Gobierno esté dispuesto a «reprimir» con la violencia y la utilización partidista de la Justicia, y por eso ha pedido la libertad -ha dicho- de los «presos políticos».
Miquel Àngel Estradé, por su parte, ha cargado contra el Gobierno por, en colaboración con el PSOE y Ciudadanos, intentar «quebrar» las bases del catalanismo para imponerse «como minoría que son» en Cataluña y hacerlo creando la «confusión y el caos».
También ha sido muy duro el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, quien ha acusado al Gobierno de querer hacerse «con todo el poder en Cataluña», desde el judicial, hasta el ejecutivo y el legislativo, «sin pasar por las urnas», algo que es «directamente ilegal e inconstitucional».
Desde Unidos Podemos, Óscar Guardingo, ha mostrado su rechazo a las medidas propuestas por el Ejecutivo porque, entre otras cosas, suponen la «castración» de las funciones del Parlament.
Frente a esas posiciones contrarias, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha advertido de que no se puede permitir que la falta de lealtad a la Constitución continúe más tiempo en Cataluña y ha expresado su apoyo a la aplicación del 155 por ser una decisión necesaria, leal con España y que se ajusta a derecho.
Sáenz de Santamaría defiende obligación legal del Gobierno de aplicar el 155
