Juan Pablo Ibáñez
Llevo diecisiete años dedicándome al mundo del Derecho de forma absolutamente vocacional, y muchas veces había tenido la sensación de que España tenía problemas de aceptación de la cláusula de “Estado de Derecho” pero lo de hoy ha sido supremo. No podía creer lo que me transmitían mis oídos. La Vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría decía que Puigdemont había tenido muy fácil haber evitado la aplicación de la Constitución, dejando a la luz su intención de haber dejado de lado la aplicación de nuestra Constitución si el Presidente de la Generalidad de Cataluña hubiera declarado que no había declarado la independencia de Cataluña. En definitiva, la Vicepresidenta dejaba entrever que la intención del Gobierno era parchear esta situación con un pacto con los secesionistas y “pelillos a la mar”. A renglón seguido Dª Soraya dejó caer que el plazo dado por el Gobierno en su requerimiento no había terminado y que aún había tiempo para que Puigdemont se desdiga, y que a partir de entonces puedan buscar una salida pactada a esta situación.
Me sorprende que la Vicepresidenta del Gobierno de España diga esto en una rueda de prensa y no ocurra nada. En cualquier Estado de Derecho esta señora ya no sería miembro del Gobierno, bien porque le hubieran conminado a dimitir, o bien porque hubiera sido cesada por el Presidente del Gobierno, más aún cuando ambos son juristas (Sáenz de Santamaría abogado del Estado, y Rajoy registrador de la propiedad, los dos Licenciados en Derecho). Tal vez alguien considere que mi posición es extrema, pero desde el punto de vista del Derecho, lo dicho por la Vicepresidenta del Gobierno es inasumible e inaceptable. Me explico:
El que Sáenz de Santamaría diga esto en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa y de forma oficial hace que piense que actúa en su condición de represente de la Administración Pública (del Gobierno). Esto hace creer a cualquier persona que el Gobierno quería dejar de aplicar la Constitución a Puigdemont si este reconocía que no declaró la independencia. Y yo me pregunto ¿permite la Constitución hacer esto? El artículo 103.1 de la Constitución dice que las Administraciones Públicas, en lo que a su actuación se refiere, servirán con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. De aquí se desprende de forma inequívoca que la actuación gubernamental tiene como límite el cumplimiento de la Ley, incluyendo dentro de ésta a la Constitución (norma suprema que rige a todas las demás leyes). En conclusión, lo declarado por la Vicepresidenta, si actúa en tal condición, es que el Gobierno tenía la intención de cometer un ilícito, es decir, quería actuar a modo de gobierno autoritario como eran los de los monarcas absolutistas. Tal vez quisieran volver a matar a Montesquieu.
Queriendo no ser tan malpensando romperé una lanza en favor de Soraya. Partiré en mi análisis de la base de que tal vez las declaraciones las hiciera como dirigente del Partido Popular, y por tanto son únicamente parte de la actividad política del mismo dentro del marco de la libertad con la que pueden actuar los partidos. Con base en esta premisa me pregunto ¿puede plantear un partido político una cuestión como esta desde el punto de vista legal y constitucional? El artículo 6 de la Constitución dice que la creación de los partidos políticos es libre, y que el ejercicio de la actuación de éstos también lo es con el único límite del respeto a la Constitución y a las leyes. Así, sólo podemos concluir que si lo que plantea Dª Soraya es una actuación política de su partido consistente en la inaplicación de la Constitución, que sin su derogación previa también constituye un ilícito.
Si esto fuera un requerimiento gubernamental a la Vicepresidenta en este párrafo diría algo así como: Aclárenos de forma clara (con un si o un no) si lo que Vd ha puesto de manifiesto en su rueda de prensa pone de manifiesto la intención suya, del Gobierno de España, o de su partido de cometer un ilícito. Cualquier respuesta que no sea un no será interpretada de forma afirmativa. Una vez expirado el plazo dado para responder a este primer requerimiento dispondrá de un plazo adicional de 72 horas para reponer su actitud, y reconducir sus actuaciones, debiendo retractarse de las realizas hasta el momento, y en las sucesivas sometiéndose a la Ley y al Derecho.
Si esto fuera un Estado “Social y Democrático de Derecho que propugna como valores fundamentales del Ordenamiento Jurídica la Libertad, la Igualdad, la Justicia y el Pluralismo Político” como dice el artículo 1.1 de la Constitución, a estas horas Soraya Sáenz de Santamaría sería la exvicepresidenta del Gobierno de España.
En la primera sesión de “Diálogos” celebrada en el Parlamento de Navarra en 2014, donde se hablaba de la crisis y la seguridad jurídica, permítanme la autocita, confrontando con los ponentes y los presentes, advertí de que a mi juicio la crisis de España no era únicamente económica, sino que era política, lo que yo llamaba “Crisis del Artículo 1” (en referencia a la Constitución) ya que nuestro sistema con el actual esquema ponía en riesgo la Seguridad Social –base de nuestro Estado Social-, que el hecho de que en las elecciones no hubiera una circunscripción única que se tradujera en “un hombre un voto” rompía con el principio más básico de los sistemas democráticos puros –Estado Democrático-, y que la falta de seguridad jurídica basada en el abuso de la libertad de los políticos en el ejercicio de la actividad política y su deslealtad en el ejercicio de sus funciones, junto con la tibieza cómplice de algunos órganos judiciales, eran el germen perfecto para el clima de desconfianza que reinaba entonces –quiebra de la cláusula de Estado de Derecho-.
En definitiva, a mi entender lo que hemos presenciado hoy en la rueda de prensa de Soraya Sáenz de Santamaría no es más que un nuevo abuso de un político en el ejercicio de su libertad, que sólo viene a evidenciar la falta de cultura democrática y de respeto a los límites a la que nos tienen acostumbrados nuestros políticos. La libertad es un bien que cuando alguien lo usa mal en su favor y en perjuicio de los demás, obviando sus límites, se convierte en un mal, tanto para quien abusa de ella, quienes se convierten en tiranos, como para aquellos que tienen que padecer la tiranía.
Juan Pablo Ibáñez, abogado
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