El sueño de la política navarra de estos últimos tiempos está creando auténticos «monstruos políticos», donde la palabra dada, o lo moralmente establecido, salta por los aires a la menor oportunidad.
Que para salvar una muy deficiente gestión de una consejera, en una ley que debería haber contado con el consenso de todos, se tenga que recurrir a todo tipo de artimañas para conseguir su aprobación, sí o sí, muestra el talante de quienes pretenden dirigir los destinos de los navarros.
La Ley de policías de Navarra nació ya coja al intentar con ella expulsar de esta tierra a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; acabó de romperse cuando se quiso jugar con el salario y con la jornada de los trabajadores y murió cuando todos los sindicatos del ramo se pusieron en contra. Ello provocó, además, que dos de los socios de gobierno acabaran por rechazar dicha Ley.
Ahora existe una nueva situación. El gobierno ha conseguido convencer a alguno de los sindicatos para que cambie de opinión y le apoye. Con ello, cree que gana legitimidad y por ello quiere continuar con su aprobación en el Parlamento.
Con una Consejera de Interior a quien sindicatos, oposición y ciudadanos han pedido su dimisión. ¿Qué tiene Beaumont que no tuviera el ya dimitido consejero de Educación, José Luís Mendoza?
Una ley en la que la inmensa mayoría de los trabajadores manifiesta su opinión contraria y en la que no hay mayorías suficientes para su aprobación, debería dormir en un cajón cerrado llave. Y el gobierno lo sabe.
