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¿Para cuándo una auditoria reguladora del sector eléctrico?

El próximo sábado 21 de octubre tenemos el acto central del III Camino del SOL en Pamplona en el Baluarte donde analizaremos la situación actual, por ello mediante este articulo de opinion, quiero recordar a Jorge Fabra Utray, es un profesional de nuestro país cuya formación académica como licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Derecho y su experiencia profesional como Delegado del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico Español de 1983 a 1988, presidente de Red Eléctrica Española de 1988 a 1997 y consejero de la Comisión Nacional de la Energía de 2005 a 2011 hace de él uno de los grandes conocedores del sistema eléctrico de España y por tanto un experto con el que cualquier gobierno estaría deseoso de poder contar como asesor cualificado.

Así lo pone de manifiesto el propio Dr. Fabra en un informe elaborado para el Tribunal Supremo en el que concluye lo siguiente:

1.-Previa a la aprobación de la Ley 54/97 del sector eléctrico, el Gobierno pactó con las empresas de Unesa el conocido como ‘Protocolo para el establecimiento de una Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional’, por el que todas las centrales de generación pasarían a cobrar el precio más alto ofertado en las subastas horarias realizadas cada 24 horas.

2.- En el mismo protocolo se estableció la compensación a las centrales históricas, mediante los llamados Costes de Transición a la Competencia, por los quebrantos que se estimó podría causar el nuevo sistema regulatorio a las citadas centrales históricas.

3.- Tanto la moratoria nuclear, primero, como los costes de transición a la competencia, después, son antecedentes indiscutibles, en la moderna y reciente regulación del sector eléctrico, de medidas transitorias y compensatorias por derogación de las normas legales que amparaban situaciones consolidadas anteriores al ser sustituidas por nuevas normas.

4.- El informe de la Comisión Nacional de la Energía de 20 de mayo de 2008 refleja con claridad que la principal responsabilidad de la brecha entre precios y costes del mix energético recae en la excesiva retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas.

5.- El mismo informe refleja con claridad que la moratoria nuclear y la inexistencia, en términos significativos, de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos determinan que no hay posibilidad de que exista competencia real con estas tecnologías.

6.- En ninguna de las normas que configuran la conocida como ‘reforma eléctrica’, consta que el legislador haya tomado en consideración otras alternativas que hubieran tenido igual o mayor efecto sobre los objetivos buscados de lograr la estabilidad financiera del sector eléctrico y de la moderación de los costes de la electricidad.

7.- Los precios percibidos por las centrales nucleares se sitúan entre un 180 y un 227% por encima de sus costes remanentes, mientras que en las centrales hidroeléctricas los precios percibidos se sitúan entre un 480 y un 600% por encima de sus costes remanentes.

A la vista de lo expuesto, la duda que surge es si a algunos de los que intervienen en la información publicada o en las decisiones que afectan al sector les ha interesado hasta ahora el conocimiento de la verdad. Y es que a muchos medios de comunicación, y comunicadores, más parece preocuparles las sustanciosas campañas publicitarias de las grandes empresas eléctricas que la situación real del sector y consumidores.

De quienes nos representan en las Cortes Generales sólo cabe decir, siendo benévolos con muchos de ellos, que prefieren continuar ignorando la realidad de tan estratégico sector y seguir cumpliendo disciplinadamente las instrucciones de sus jefes de partido, sin importarles lo que prometieron y tienen escrito en su programa electoral.

El Gobierno, pues eso, a la orden. ¿Y los jueces del Tribunal Constitucional y de los altos órganos Judiciales?, de nuestro país, pues por sus sentencias los vamos conociendo. Sin embargo el Tribunal Internacional del CIADI dictó y por lo tanto es de obligado cumplimiento para el Gobierno, que es sentenciado, por VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN, ahoras los productores internacionales cobraran y los productores de nuestro país NO.

Confiemos que algún día, unos y otros se den cuenta del enorme daño que están haciendo a la imagen de España al dejar en evidencia la falta de seguridad jurídica en nuestro país y el desamparo en el que entre todos han dejado a un colectivo muy grande de familias en Navarra 9.000, que contribuimos en nuestro país, cuyo único pecado fue creer en su gobierno, y cumplir la ley tal y como se les dijo a través del Boletín Oficial del Estado, para que invirtieran sus ahorros en plantas solares para la generación de energía limpia, y se nos decía “Usted está contribuyendo al desarrollo sostenible de su comunidad, ya que está evitando la emisión de CO2a la atmósfera”

Seguir ignorando tales problemas sería una falta difícilmente justificable y menos aún perdonable, pues cuando se inicia el camino de la inseguridad jurídica – y quien debería impedirlo prefiere cerrar los ojos – puede llevarnos a un abismo de consecuencias imprevisibles y de discriminación, en el que hoy son unos los afectados pero mañana indefectiblemente serán otros, pues cuando a un Gobierno se le consiente una primera acción de este tipo tendrá la tentación de seguir haciéndolo cuantas veces le resulte conveniente para sus intereses. por todo ello reivindicamos que es necesario hoy más que nunca, una AUDITORÍA REGULATORIA EN EL SECTOR ELÉCTRICO. para poder  conocer la cruda realidad.

Juan Antonio Cabrero Samaniego, Vicepresidente de ANPIER

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