La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado hoy que las autoridades catalanas «aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional» y poner fin a la «inestabilidad» antes de que el lunes finalice el plazo para contestar al requerimiento enviado por el Ejecutivo.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno le ha planteado al presidente catalán, Carles Puigdemont, «una pregunta sencilla para terminar con un problema complejo», como es que «si sí o si no ha declarado la independencia».
Por eso, la respuesta es «muy sencilla» ya que se trata de un sí o de un no, y si Puigdemont tiene «voluntad política» puede regresar al marco de convivencia y al Estado de derecho.
Sáenz de Santamaría ha destacado que se ha ofrecido al presidente de la Generalitat diálogo «en el marco de la ley y en el seno del Parlamento» por lo que ha instado a Puigdemont a acudir al Congreso, en concreto a la Comisión de estudio sobre el modelo territorial, para que plantee allí «sus reflexiones».
«Nada es inmutable, todo se puede hablar, desde el respeto a la reglas democráticas y a los derechos de los ciudadanos (…) esa la única condición y el único requisito», ha subrayado la vicepresidenta.
La vicepresidenta ha aludido a la carta que este viernes ha enviado la CUP al presidente de la Generalidad en la que le pide defender ante el Gobierno que la independencia de Cataluña ya se ha declarado, en cuyo último párrafo alude a que república catalana «sin apoyos de mercados y Estados, sin grandes riquezas naturales, sin unos poderes económicos que nos apoyen» pero «con la gente».
«El Gobierno está dando una oportunidad a la Generalitat de que vuelvan al marco constitucional», ha querido demostrar Sáenz de Santamaría ante esta deriva secesionista.
Diálogo con Cataluña, si Puigdemont tiene «voluntad política»
«Las autoridades catalanas aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional y la convivencia ciudadana», ha advertido la número dos del gobierno de Mariano Rajoy, que ha apelado a la «voluntad política» del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para volver al marco de la legalidad.
Sin embargo, no ha querido avanzar «segundas partes» y si la respuesta del Estado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución podría llegar a la intervención en el Parlamento catalán -para disolverlo y convocar elecciones autonómicas-.
Tampoco ha querido pronunciarse sobre si en el debate sobre la reforma de la Constitución que Rajoy se ha comprometido a impulsar en el Congreso es intocable el artículo 2, que establece la «indisoluble unidad de la Nación española».
«Se le ofrece diálogo en el marco de la ley y en el seno del Parlamento, donde se toman las grandes decisiones del país» y es allí donde están los «mediadores», que son los diputados y los senadores, ha afirmado Sáenz de Santamaría. «Todo se puede hablar, pero desde el respeto a las reglas del juego democrático y a los derechos de los ciudadanos», ha añadido.
«Creo que esta oferta del Gobierno y de una amplísima mayoría de la Cámara es una oferta sensata, moderada y entendible, y demuestra que el diálogo no hay que exigirlo, sino practicarlo, y lo único exigible a todos los gobernantes es que cumplamos la ley», ha remarcado Saénz de Santamaría.
Este viernes ha sido la vicepresidenta del Gobierno la que ha ejercido de portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros, como ya hacía en el pasado, debido a que Iñigo Méndez de Vigo ha faltado por un asunto familiar.
El Gobierno aplicará el 155 si Puigdemont le envía su discurso en el Parlament
Ante la posibilidad de que Puigdemont dé una respuesta ambigua al requerimiento del Gobierno, por ejemplo remitiendo al Gobierno la transcripción de sus palabras esta semana ante el Parlament, el Ejecutivo activaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución.
En su intervención en el pleno de la cámara autonómica, el presidente de la Generalitat dijo que asumía el «mandato del pueblo» para que «Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república», para, acto seguido, proponer «suspender los efectos de la declaración de independencia» para abrir la puerta al diálogo.
«Eso no vale», anticipan fuentes del Gobierno citadas por Efe. En ese caso, se mantendría en vigor el segundo plazo dado a Puigdemont hasta las 10:00 horas del jueves 19 de octubre, para que rectifique su posición y vuelva a la legalidad. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
