La comparecencia del Rey el pasado martes para hablar de Cataluña fue seguida por 12 millones de españoles, tres de cada cuatro personas que estaban viendo la televisión. Sin embargo, parece que lo que dijo no ha llegado a ser escuchado por el presidente del gobierno ni por el líder del principal partido de la oposición, así que permítanme que hoy aproveche mi editorial para rescatar los párrafos más importantes.
Dijo así el Rey:
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada −ilegalmente−la independencia de Cataluña.
Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.
Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña.
Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando ─desgraciadamente─ a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.
Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.
Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
Han pasado ya seis días desde que el Rey pronunciara su discurso, en el que recogió el sentir de decenas de millones de españoles. Y sin embargo, Rajoy sigue sin actuar para «asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones», como el Rey pedía expresamente, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, sigue pidiendo dialogar con quienes el Rey ha descrito como delincuentes y desleales.
Pues si van a su bola, creo que conviene que sean conscientes de que la gran mayoría de los españoles, de todas las ideologías, respalda lo que el Rey está pidiendo, que no es otra cosa que la aplicación de la Ley para poder seguir siendo una democracia y un estado de derecho.
A España le ha costado demasiado tiempo, demasiado esfuerzo y demasiada sangre crear un marco de convivencia, como para permitir que algunos lo destrocen con sus acciones o con sus omisiones.
Los separatistas van a pagar el golpe de estado. Y quienes no cumplan con su deber en la restauración de la normalidad democrática, deberán hacer frente también a sus responsabilidades.
Luis del Pino, Director de Sin Complejos en esRadio, autor de Los enigmas del 11-M y 11-M Golpe de régimen, entre otros. Analista de Libertad Digital
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