Tras la reunión de la Junta de Seguridad en Cataluña en la que representantes del Gobierno Central y del Gobierno Puigdemont se han visto las caras, una cosa parece haber quedado clara, el referéndum del 1-O a pesar de tantos «dimes y diretes» -que diría Rajoy-, va a celebrarse.
Desde el Gobierno Central se ha pedido al presidente catalán que desista en su empeño de celebrar el referéndum; desde el gobierno catalán se ha afirmado al Gobierno Central la voluntad de seguir con el proceso. Dos posturas enfrentadas y sin ningún viso de acercarse.
El Secretario de Estado de Seguridad, señor Nieto, asistente a dicha reunión, ha pedido que se acepte la autoridad judicial, que se acepten las decisiones llevadas a cabo por la juez asignada al caso; con ello se ha pretendido hacer ver al gobierno catalán que tiene que aceptar que las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado van a impedir el referéndum en la medida que puedan.
Y he aquí el quiz de la cuestión, que los cuerpos policiales no van a llegar a todos los lugares de votación y, por ello, no van a poder evitar que se produzcan las votaciones. Algo que se sabía desde el principio.
Asistiremos, por tanto, a otro referéndum como el ocurrido el 9 N, pero esta vez, con una gran y peligrosa incógnita, ¿Qué va a suceder el día 2-O?
El gobierno y el señor Rajoy hacen ver que se está ante una difícil tesitura, cuando no se ha reaccionado y sus acciones no han sido las legalmente oportunas para poner fin a este secesionismo independentista. La “hoja de ruta“a seguir está marcada y Rajoy con ella.