EFE.- Expertos jurídicos han advertido que tras la modificación de la legislación europea, las administraciones que recurran al interés general de los ciudadanos como motivo para rescatar la gestión de los servicios públicos municipales no tendrían garantías suficientes, por lo que podría considerarse como una acción ilegal ante los tribunales.
«Hay una normativa europea del año 2014, que ya tiene efecto en España, que establece unos supuestos para el rescate de concesiones, entre los que ya no está el interés general», ha declarado José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo, durante la presentación del libro ‘Servicios públicos e ideología. El interés general en juego’, celebrada hoy en Madrid.
«El problema que más preocupa es que, de acuerdo con unos pensamientos supuestamente progresistas, se decidan a recuperar servicios pisoteando el trabajo de años, inversiones, puestos de trabajo, etc.», ha dicho otro de los ponentes, el catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Quintero. Por ello, la Unión Europea (UE) se muestra a favor de mantener el principio de seguridad jurídica que favorezca las inversiones de larga duración.
Por otra parte, los expertos han reflejado que argumentar razones ideológicas en estas ocasiones tampoco estará amparado por la legislación actual para llevar a cabo la remunicipalización.
Así pues, las administraciones deberán demostrar otros condicionamientos como el respeto a la autoridad jurídica o el cumplimiento adecuado del servicio, para revocar las concesiones que estén en manos de la gestión privada.
Para el ex presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, «el deber de la administración es garantizar el cumplimiento del servicio, es decir, el Estado garante no puede sustituir al Estado prestador de servicios».
Por su parte, el ex ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha explicado que la tendencia es ligar este proceso a motivos políticos, en vez de a la eficiencia económica.
«Es cierto que los excesos de la privatización han llevado a la aparición de depredadores de lo público, a la aparición de la corrupción; pero eso no tiene que derivar en un repliegue absoluto de la administración sobre sí misma, es decir, ni depredadores ni apropiadores», ha matizado Caamaño.
Los ponentes también han querido destacar que esta nueva regulación europea favorece la creación de sistemas colaborativos público-privados en sectores básicos como el transporte, el agua o la recogida de basuras.
En esta línea, Pascual Sala ha opinado que la gestión directa no se debe descartar al cien por cien, sin embargo, no debe considerarse como el único modo, puesto que «las administraciones muchas veces tienen limitaciones presupuestarias» y debe primar en cualquier caso el beneficio ciudadano.
Además, según Caamaño, la presencia de empresas privadas en las concesiones públicas puede producir un efecto «pacificador» en un entorno descentralizado como el español, ya que podrían actuar como reguladores entre administraciones con competencias similares.
El libro ‘Servicios públicos e ideología. El interés general en juego’ reflexiona sobre las posibilidades en las concesiones de servicios públicos, primando el beneficio de la sociedad sobre cualquier otro interés y alejándose de ideas preestablecidas tales como que siempre el sector privado es más económico o la gestión directa más sostenible.
