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Será la juez Lamela la que decida sobre la denuncia por sedición

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien finalmente deberá decidir sobre la denuncia de la Fiscalía por sedición por los altercados en Barcelona, vio como un delito de terrorismo la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en un clima de acoso a este Cuerpo.

A última hora del viernes, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo interpuso una denuncia por sedición, que no se dirigía contra nadie en concreto, pero señalaba la intervención que tuvieron en las concentraciones el presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos animaron a los participantes. El primero dijo: “El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos” y “que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”. El segundo se subió a un coche de la Guardia Civil para pedir que la protesta continuara.

El escrito relataba cronológicamente los altercados vividos en las concentraciones de los días 19 y 20. Cita los tiros al aire por parte de agentes para evitar un presunto ataque a un furgón en la sede de la CUP, los cometidos contra vehículos de la Guardia Civil y el acoso sufrido por la comisión judicial que participaba en el registro de la ‘Conselleria’ de Economia.

La letrada de la Administración de Justicia (antes, secretaria judicial) tuvo que abandonar el edificio por la azotea y el juez Juan Antonio Ramírez se vio obligado a llamar al mayor de los Mossos d’Esquadra para que se garantizase la seguridad de los agentes y funcionarios que formaban la comitiva.

Lamela, que llegó a la Audiencia Nacional hace dos años, también tuvo en cuenta el carácter terrorista de los incidentes de ‘kale borroka’ ocurridos el 11 de marzo en el casco antiguo de Pamplona, para aceptar la competencia de la Audiencia Nacional, al considerar que, lejos de ser un acto aislado de desórdenes públicos, fueron un conjunto de acciones violentas concertadas por un grupo de jóvenes.

Además, pocos meses después de llegar a la Audiencia Nacional instruyó una causa por sedición y rebelión en relación a una denuncia de Fiscalía contra el Ayuntamiento de Premiá de Dalt (Barcelona) por haber aprobado una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament catalán. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE

 

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