El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que el control del presupuesto de la Generalitat de Cataluña se mantendrá de manera indefinida, «mientras sea preciso» y durante los meses que sean necesarios para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad vigente.
Ha sido al inicio de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, para explicar las medidas que la comisión delegada de asuntos económicos acordó el viernes pasado para evitar que Cataluña destine partidas presupuestarias a la organización del referéndum del 1 de octubre.
Las medidas que aprueba su departamento cuando hay inestabilidad persiguen «acabar con esa inestabilidad» y, por eso, son proporcionales al «riesgo que combaten» y se prolongarán en el tiempo mientras «ese peligro» se mantenga. Además, ha recordado que cualquier cargo público que autorice fondos para el referéndum del 1-O «va a responder con todas sus consecuencias, incluido su patrimonio» ya que se trata de «una ilegalidad».
Montoro también ha aclarado que no tiene nada que decir sobre las actuaciones judiciales o policiales que se están llevando a cabo en Cataluña.
Recibe los informes semanales pendientes
Montoro ha explicado que hasta la semana pasada Cataluña cumplió con su obligación de remitir un informe semanal de gastos, como se fijaba en las medidas de refuerzo aprobadas en julio. La semana pasada se quebró esa tónica, pero el ministro ha desvelado que la interventora general de la Generalitat ya ha remitido el informe pendiente y el de la semana actual, aunque se pregunta porqué «vuelve a ser la interventora y no el vicepresidente (Oriol Junqueras) que se había arrogado esa responsabilidad».
El titular de Hacienda ha manifestado que el Estado pasa a hacerse cargo de los gastos directamente y que la Generalitat debe remitirle esa información. Montoro ha asegurado que «se garantizan los cobros pendientes a personas y empresas» y que no deben preocuparse «los funcionarios y sus familias».
Montoro ha reprochado la «falta de lealtad institucional» de la Generalitat que, según ha asegurado, «puede hacer quebrar el sistema que está haciendo posible la salida de la crisis» e incluso el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales, por lo que «es la obligación del Gobierno evitarlo», ha constatado.