El juez que ordenó ayer la operación policial por los preparativos del referéndum investiga si el gobierno de la Generalidad ha destinado a la organización del 1-O las partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que el Parlamento catalán aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.
En un auto de entrada y registro de la operación lanzada ayer, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre «actuaciones encaminadas al desarrollo de las Estructuras de Estado e independencia de Cataluña».
Concretamente, el juez busca documentación relacionada con las dos partidas presupuestarias, que suman 6,2 millones de euros, que fueron aprobadas el gobierno catalán para la celebración del referéndum y, posteriormente, suspendidas por el Constitucional.
