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Las medidas para evitar desahucios han beneficiado ya a casi 87.000 familias

Las medidas para evitar desahucios han beneficiado ya a casi 87.000 familias

Las medidas para la protección de los deudores hipotecarios han beneficiado a casi 87.000 familias desde su puesta en marcha en 2012, según ha informado hoy el ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En un comunicado remitido hoy, Economía detalla que el Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que 50.272 beneficiarios, con datos hasta julio de 2017, hayan reestructurado su deuda hipotecaria en estos cinco años, con 42.575 reestructuraciones viables, 7.324 daciones en pago y 8 quitas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado en el Congreso que la “robusta recuperación de la economía española”, que lleva tres años creciendo por encima del 3%, es la principal razón que explica este recorte en las cifras.

 De Guindos ha hecho esta consideración en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una petición del diputado del PP Miguel Ángel Paniagua para que valorara el descenso en el número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual.

El Código de Buenas Prácticas se aprobó en marzo de 2012 para ayudar a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos.

Durante los últimos años se ha ampliado el colectivo que puede acogerse a estas medidas y se ha incluido la posibilidad de que los deudores cuya deuda haya sido ejecutada se queden en su vivienda pagando un alquiler asequible, recuerda la nota de Economía.

Se trata de un código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio para los bancos que lo suscriben, en la actualidad, la gran mayoría de los que tienen actividad en el sector.

Por otro lado, la suspensión de los lanzamientos hipotecarios supuso en 2013 la paralización inmediata de los desahucios de aquellas familias que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.

El Gobierno ha impulsado recientemente la prórroga de esta medida hasta 2020 en el Congreso de los Diputados y ha ampliado los criterios para incluir al máximo número de deudores vulnerables. El FSV, por su parte, permite atender a aquellos casos en los que no se ha podido evitar el desahucio, facilitando un alquiler de precio reducido. EFE

 

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