El secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha dictaminado hoy que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.
En un informe de 15 páginas, al que ha tenido acceso Efe, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalidad de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, a pesar del dictamen de los servicios jurídicos municipales, la alcaldesa ha emitido un mensaje en Twitter en el que afirma: «Cumplimos nuestro compromiso: en Barcelona el 1-O se podrá participar sin poner en riesgo la institución ni a servidores públicos». Este anuncio ha sido recibido por Carles Puigdemont como «una buena noticia».
En los últimos días la alcaldesa se había mostrado molesta con la presión nacionalista a los alcaldes renuentes a participar en el referéndum. También trató de restar consistencia a la consulta, a la que niega el carácter vinculante. Sin embargo, anunció su intención de votar en esa jornada. La sustitución del presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, Lluís Baulenas, por la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, desastacó la cesión de locales electorales, toda vez que el Consorcio, participado en un 60% por la Generalidad y en un 40% por el Ayuntamiento, es el responsable de los colegios e institutos públicos de la capital catalana, que ya fueron utilizados como locales electorales en el 9-N de 2014.
