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El Parlamento foral insta a que se revise en Europa la petición fiscal sobre el ‘caso Alsasua’

El Parlamento de Navarra, con el voto en contra de la oposición, ha instado al Gobierno de Navarra a realizar gestiones ante los órganos comunitarios correspondientes para determinar «si es compatible» la petición fiscal realizada en el denominado ‘caso Alsasua’ con la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

En la sesión el cuatripartito ha cuestionado la calificación de los hechos y la «falta de proporcionalidad» al hablar de terrorismo en ese caso, lo que ha llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a solicitar una pena de 375 años de prisión para ocho jóvenes por su presunta implicación en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016.

La moción, impulsada y apoyada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, ha sido rechazada por UPN, PSN y PPN.

El texto insta además al Ejecutivo a hacer las gestiones necesarias ante los órganos competentes para determinar, si a su juicio, la trasposición de las previsiones comunitarias sobre el tratamiento penal del terrorismo es correcta en España, así como para «aunar criterios que eviten situaciones desproporcionadas como esta, tal y como prevén la CE y Eurojust».

La iniciativa ha sido defendida por Unai Hualde (Geroa Bai) quien ha dicho que toman el guante a una petición de las familias y sostenido que es, «cada vez más clara, la desproporcionalidad y la falta de justicia» y por eso piden al Gobierno que realice gestiones en Europa ante el juicio que va a tener lugar en los próximos meses.

Lo sucedido en Alsasua fue una «lamentable agresión, rechazable condenada por las instituciones», pero «es una agresión» en «una noche de fiesta, de madrugada y como muchas», según Hualde, quien ha apuntado que el ministerio del Interior tiene contabilizados 9.571 casos similares en todo el Estado de agresiones contra policías y guardias civiles que son castigados con sanciones penales comunes.

Ha comparado las peticiones fiscales de este caso con las que se realizan en conocidos casos de asesinato, para concluir que esto es «de locos» y se ha referido también a testimonios de magistrados como el juez Baltasar Garzón que cuestionan esta actuación.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, quien ha hablado de «estado bananero», ha denunciado «el montaje mediático, político, judicial y policial» que ha tenido lugar con unas «graves consecuencias» no solo para los jóvenes sino para garantizar los derechos de cualquier ciudadano.

Tere Sáez (Podemos) ha cuestionado la petición de la Fiscalía, ha reiterado que no es un caso de terrorismo y ha opinado que esto «no ayuda a conseguir la convivencia pacífica y democrática».

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha calificado de «aberrante» la petición fiscal, ha sostenido que «la justicia está ausente» en este caso y ha denunciado la campaña «mediática y política» que ha llevado a calificar estos hechos de terrorismo.

En el turno en contra, Iñaki Iriarte (UPN) ha opinado que hacen esas afirmaciones «sin leer las acusaciones» y sin tener en cuenta las agresiones sufridas por las dos mujeres que acompañaban a los agentes. Ha reconocido que la pena «le parece excesiva» y espera que la sentencia «sea más leve» y se alegrará «de que así sea», pero ha justificado su voto en contra señalado que no es competencia de un Parlamento calificar los delitos.

Por el PSN, Inmaculada Jurío se ha opuesto por «la clara intencionalidad política que encierra la moción» y ha criticado que se plantee que el Gobierno de Navarra realice gestiones en este caso. No ha valorado la petición del fiscal, pero ha preguntado si «parece proporcional que la defensa pida la absolución».

Ana Beltrán (PPN) ha reprochado a los socios del Gobierno que no han presentado nunca mociones en apoyo a las víctimas del terrorismo, pero sí en apoyo «a unos salvajes agresores», lo que le da «miedo». Ha denunciado la «perversa idea de la justicia» de Bildu que «apoya» el resto del cuatripartito y el «absoluto hostigamiento» que se vive en Alsasua. EFE

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