El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. EFE
La Fiscalía ordena interrogar a los alcaldes que apoyan el referéndum y detenerlos si no comparecen
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como investigados (imputados) de todos los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de que no comparezcan, reclamen su detención.
Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.
La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.
Además, el oficio, de cinco páginas recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña «exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal» e insiste en que cualquier conducta de las «autoridades» que facilite el 1-O puede constituir delito.
Por ese motivo, el fiscal general ordena que se abran diligencias a cada uno de los Ayuntamientos que figuran en el listado y que el alcalde respectivo sea citado a través de la policía judicial para declarar como investigado, asistido de letrado, «en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal».
Sin embargo, al poco de conocerse esta orden la CUP ha respondido que sus alcaldes, una treintena en toda Cataluña, no acudirán a declarar voluntariamente e instan al resto de partidos que se sumen a esta desobediencia.
Si no acude a declarar, pide que se les detenga
En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar «a los Mossos d’Esquadra como policía judicial» para que la lleven a cabo «en el plazo más breve posible».
El oficio establece que, a la vista del número de municipios afectados, se dará preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los ayuntamientos con mayor volumen de población.
La nota cita la dirección de la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia que incluye a 712 ayuntamientos catalanes que, según el ministerio público, han firmado un decreto para poner a disposición del Govern locales para celebrar el referéndum. Entre ellos, destacan Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Tortosa, Reus, Cambrils, Amposta, Girona, Figueres, Olot, Balaguer, Les Borges Blanques, La Pobla de Segur, Solsona o Tàrrega.
Delitos penados con hasta ocho años de cárcel
Para Maza, la notoriedad de la prohibición de «los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación» hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de «al menos» los delitos de desobediencia y prevaricación y también de malversación de fondos públicos.
Este último, según advierte Maza, está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años «en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas». NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
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Me parece muy bien, ya era hora de que se empezaran a hacer cosas para detener esta locura. Y lo que urge es pena de pérdida de la nacionalidad y destierro para los delitos contra la Constitución.