El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cree que quien diga que en España no se persigue adecuadamente la corrupción «está fuera de este país» y defiende que, hoy en día, «hay mucha menos corrupción de la que había hace unos años».
Maza se pronuncia en esos términos en una entrevista con la Agencia Efe en la que menciona como prueba del buen funcionamiento del sistema que la próxima semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio de Gürtel o que la infanta Cristina se sentara en el banquillo de los acusados en el caso Nóos.
El fiscal general se declara molesto cuando se duda de que en España se combata la corrupción. «¿Se me puede decir un solo caso en el que se haya tapado o no se haya querido perseguir la corrupción?», pregunta el fiscal general antes de recordar que hay cientos de personas acusadas y condenadas por ese tipo de delitos.
A su juicio, gracias al trabajo de fuerzas de seguridad, de jueces y fiscales, su percepción subjetiva es que «hoy en España hay mucha menos corrupción de la que había hace unos años», aunque exista una «sensación de corrupción muy importante» porque se destapan o juzgan casos de «hace cuatro años, ocho años, doce años».
Tampoco admite «ni muchísimo menos» que se diga que España es «un país corrupto», pues esa corrupción que se detecta en determinados ámbitos de poder no está extendida a toda la administración y la sociedad no se resigna, sino que «se manifiesta enérgicamente contra ella».
En la entrevista, Maza reitera la «tristeza» que le provocó el cese del exjefe de Anticorrupción, Manuel Moix, a su juicio tratado «muy injustamente» por «la sociedad en general», pues -en su opinión- se hizo una «bola de nieve» sin razones «jurídicas, éticas o estéticas» que lo justificaran.
Pero mira hacia delante y sostiene que su sustituto, Alejandro Luzón, trabaja «magníficamente» y atesora una «profesionalidad y rectitud» que va a hacer que la Fiscalía Anticorrupción trabaje de manera «aún más eficaz».
En ese contexto, niega que haber optado por Luzón -uno de los fundadores de Anticorrupción- sea «una rectificación» de su inicial apuesta por alguien ajeno a ella.
Y descarta que Luzón deba acometer una «revolución interna» en Anticorrupción, una Fiscalía que ha funcionado «magníficamente», sino que debe «darle un nuevo espíritu y un nuevo aire».
Defiende también Maza el trabajo de las unidades de la Guardia Civil y de la Policía que persiguen con más dedicación la corrupción, la UCO y la UDEF, aunque admite «casos aislados» en los que «por exceso de celo» o por querer «hacer las cosas demasiado bien» han podido generar «ineficacias» al trata de calificar jurídicamente los hechos, algo que compete a jueces y fiscales.
También aborda el «cambio de actitud» que cree que se ha producido en el endurecimiento de la «presión fiscal» en el mundo del fútbol, donde «quizá en algún momento tuvieron algún tipo de beneficio», pero eso «se ha ido acabando».
Y recuerda que, pese a que desde 2010 se recogió en el Código Penal el delito de corrupción en el deporte, ese artículo «aún está por estrenar».
El fiscal general, en la misma entrevista en la que dejó claro que se perseguirá la compra de urnas para el referéndum soberanista del 1 de octubre, se haga de forma pública o encubierta, se muestra no obstante optimista y confía en que las «aguas vuelvan a su cauce».
Es decir, que admitan que el referéndum «es una aventura que no tiene salida ninguna y, por tanto, no se llegue a ello». «Esa es la esperanza que yo tengo, soy muy optimista y estoy convencido de que los catalanes tienen mucho sentido común y van a acabar llegando a esa conclusión».
De lo contrario, «lógicamente la Fiscalía y el Estado de Derecho no tendrían más remedio que reaccionar, porque un acto ilegal no se puede permitir», ha advertido.
Maza se pronuncia además sobre la «fina línea» que separa la libertad de expresión de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y, sobre todo, de la humillación a las víctimas.
En ese sentido, expone que hay hechos que conoce a través de los medios que son «muy graves» por lo que comportan de desprecio, humillación o vejaciones a las víctimas, si bien otras cosas «son dudosas» y otras «realmente no tienen relevancia».
Respecto a las agresiones de Alsasua, se remite a la acusación del fiscal (de hasta 62 años de cárcel para uno de los acusados) y ve «bueno» que se enjuicie en la Audiencia Nacional, pues da la oportunidad de que el Tribunal decida si son actos terroristas o solo lesiones.
Apoya las demandas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un refuerzo para combatir el terrorismo yihadista y también pide al Ministerio que escuche a los fiscales que piden retrasar la Justicia Digital hasta que haya medios suficientes.
Una petición «totalmente razonable», pues ese camino es «absolutamente inevitable» pero aún tiene «unos problemas tremendos» que deben corregirse.
